Muchas situaciones mantuvieron encendidas las luces de alarma en torno de la situación nacional financiera fiscal. La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre pasado por el Congreso, frenó cualquier ímpetu de los gobiernos que asumieron el 10 de diciembre último, tanto provinciales como municipales. Salta sumó su propia emergencia para una parte de su territorio por la gravedad de la situación socio-sanitaria en el norte, que hacía suponer que podría haber mucha basura bajo la alfombra. 

La precaución no fue ociosa y sirvió para el momento del aislamiento dispuesto por la pandemia del coronavirus, cuya actualidad y persistencia hacen innecesario el repaso de lo acontecido. Obliga, sin embargo, a advertir que la inédita realidad configurada alteró prácticas institucionales, especialmente el control político que ejerce la Legislatura.

Sucesivas autorizaciones para refinanciar deuda y tomar créditos llamaron la atención aunque hubo advertencias en las cámaras, que evidenciaron preocupación por la evolución de las cuentas. Nadie ignora que es muy compleja la situación financiera aunque hay comprensión sobre su manejo, que no puede adjudicarse totalmente a la conducción económica actual.

Desde la oposición se ha señalado que el endeudamiento creció debido a la caída de la recaudación y de la actividad económica. Así lo marcó el diputado Carlos Zapata, aunque aclaró que el tiempo ya lo está poniendo al gobierno de Gustavo Sáenz ante la responsabilidad de abandonar la urgencia y presentar un plan de gobierno. La oportunidad será, a su juicio, el presupuesto 2021.

No hubo mucha exposición respecto de cómo evoluciona la economía, aunque se da por hecho que el impacto de la pandemia ha sido catastrófico para una provincia que tiene en el turismo un eje vertebral de su sostenimiento y mantiene un estado de pobreza que supera la media nacional. Las medidas más relevantes que se adoptaron fueron de remediación, mediante medidas de emergencia, moratorias o de promoción para cubrir consecuencias.

No hay precisiones sobre la renegociación de la deuda y se aguarda una ponderación del efecto de las nuevas medidas adoptadas en los últimos días por la conducción económica nacional. Sin dudas que el proyecto de presupuesto para el próximo año expresará en las estimaciones de ingresos y en la distribución de recursos, cuál es la afectación de los mismos.

Al igual que en la administración nacional, también deberán discutirse los llamados “superpoderes”, que son autorizaciones para mover partidas. El análisis no debe eludir la necesaria referencia a la diferencia entre asignación de fondos y ejecución de los mismos. Allí está un sistema de salud deteriorado a extremos de mostrar una vulnerabilidad total, como ejemplo de malas decisiones políticas respecto del destino final de partidas. También está un sistema educativo que no es inclusivo.

El debate de política económica más acabado que se manifiesta en el tratamiento del presupuesto provincial debe tomarse con responsabilidad. Especialmente deberán tomarse los cuidados para que se coloque por encima de cualquier proyecto político sectorial.

Salta, 17 de septiembre de 2020