El gobernador Gustavo Sáenz no cede en exponer las asimetrías entre la zona central y el interior del país. Por estos días está poniendo énfasis en la política de subsidios que desarrolla el gobierno de Javier Milei, que no contempla a ninguna provincia pero se mantiene en el AMBA, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No solo el transporte colectivo refleja esa desigualdad en el trato, sino también la prestación de otros servicios, como el de energía eléctrica.

Las expresiones del mandatario local anticipan lo que, a pesar de las diferencias regionales, va a reunir en una sola voz a todas las provincias. Es que a la par de la prédica contra la discriminación que impone el gobierno de La Libertad Avanza, el acompañamiento a Santa Fé de todos los gobernadores no excluye el apoyo a las decisiones nacionales que concurren a la lucha contra el narcotráfico. Es que más allá que Rosario sangra, como se sostiene para dar dimensión del drama que afecta a una de las principales ciudades del país, se trata de una amenaza que se expresa de distintas maneras en todo el país. Precisamente las fronterizas como Salta están en la primera línea de riesgo, por lo que el gobernador Sáenz se comprometió a cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia, reconociendo que "decide la sociedad o las mafias".

Su demanda por mayores recursos sumó una expresión política en la decisión de los diputados provinciales que aprobaron declaraciones, tras extensos debates, que dan razón a los derechos que se enarbolan para exigir la remisión de fondos suspendidos unilateralmente por la Nación, pese a su sustento normativo. Incluso, hubo un pronunciamiento mayoritario a favor de la gestión judicial para recuperarlos.

En esta confrontación que no se distiende pese a los pasos que se dan desde las partes en pugna, la intervención de la Iglesia Católica volcó la balanza a favor de las provincias. Una reunión protocolar entre el presidente Javier Milei y la cúpula episcopal sirvió para que en el despacho presidencial quede claramente expresada la preocupación por la situación en interior, atento a que las decisiones adoptadas en los primeros tres meses de gestión han impactado en la asistencia a comedores y provisión de medicamentos. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y la canciller Diana Mondino, fueron escuchas privilegiadas de los planteos de los religiosos y no es un dato menor. Pettovello es la que conduce toda la política social mientras que la responsable de las Relaciones Exteriores hace gala públicamente de un marcado desprecio a la pobreza y a cualquier situación de vulnerabilidad.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea y otros tres miembros del cuerpo -entre ellos Marcelo Colombo, quien fuera obispo de Orán y actualmente está en Mendoza- tienen la suficiente representatividad como para ser atendidos. Y es de aguardar que se tome con seriedad lo que dijeron en la reunión, aunque sea porque transitan la misma línea del Fondo Monetario Internacional, que le advirtió al presidente argentino que en tren de ajustar las cuentas, no todo vale.

Hasta mayo, mes reservado para el acuerdo nacional, el camino a transitar se observa como difícil y los modos de hacerlo, demandan dureza.

Salta, 13 de marzo de 2024