Pese a la ausencia de los legisladores de Orán, que se quedaron en su departamento luego que se confirmaran casos de Covid 19, en ese tramo del debate se conoció la preocupación de diputados de la oposición por la situación sanitaria de esa zona y la limitación de recursos para enfrentar la emergencia que genera la pandemia. Era previsible el tratamiento de la cuestión y permitió que emergiera un tema de fondo.

Se trata de la gestión que desarrolla el Ejecutivo, que tiene como eje vertebral el manejo de ingentes recursos. Desde el oficialismo se asumió que el gobierno de Gustavo Sáenz se está haciendo cargo del presente, tarea a la que se calificó como muy difícil.

Es cierto que las particulares circunstancias que está enfrentando la alianza que encumbró al actual mandatario son las más complejas, incluso desde la crisis del 2001, cuando la Argentina navegó en aguas turbulentas sin timonel. Desde el 10 de diciembre pasado no hubo momento para una exposición clara de la situación heredada y el informe se va construyendo en base a la sucesión de acontecimientos que condicionan las decisiones del Gobernador. Es el caso de la crisis sociosanitaria del Norte, que impulsó la declaración de una emergencia a partir de la muerte de más de una decena de niños originarios, víctimas del hambre, la peor afrenta a la dignidad humana. 

Luego se instaló un virus que desnudó la precariedad del sistema de salud pero también de la economía, que no tolera una dificultad sin ponerse al borde de una inevitable caída, con su secuela de pobreza. Frente a ese cuadro hay un Estado desfinanciado, un Gobierno endeudado y sin políticas públicas definidas para enfrentar un problema imprevisto de extrema gravedad.

En ese contexto, al oficialismo le cuesta tolerar los cuestionamientos. De allí que su vocero, el presidente del bloque Salta Tiene Futuro, Javier Diez Villa, expresó su malestar por lo que interpretó como un intento de hacer política con la situación de crisis que no deja a nadie al margen. Y dijo lo que hasta ahora nadie había demandado, al menos públicamente: el cuadro actual es responsabilidad del anterior gobierno provincial.

En ese punto tomaron otro peso, las consideraciones del diputado opositor Carlos Zapata, quien cuestionó la transferencia de fondos que se dispuso por decreto para dar nuevo destino a los recursos que correspondían a carteras que desaparecieron por la última Ley de Ministerios. Se trata de una partida de 1.400 millones de pesos que antes se invertían en acciones de desarrollo social y obras públicas como viviendas y que ahora se destinó al área de Gobernación, que triplicó su presupuesto.

Expuestas públicamente las posiciones en el debate legislativo, todos los sectores –no solo políticos, sino sociales y económicos- cuentan con elementos para exigir información precisa, a los fines de la toma de decisiones precisas. El propio Gobierno tiene una oportunidad de anticipar un plan de gobierno, que es asignatura pendiente.

Salta, 03 de junio de 2020