Ese fue el anuncio realizado por el gobernador Gustavo Sáenz al pleno del Consejo Económico Social, al que solicitó que sea un organismo de participación activa en la formulación y aplicación de políticas públicas, abandonando su competencia de órgano meramente de consulta.

Esa función le dio la Ley 7784, que reglamentó el Artículo 77 de la Constitución Provincial, que estableció su existencia como órgano de consulta de los poderes públicos, con opinión previa sobre planes económico-sociales, culturales, científicos y tecnológicos. Así queda establecida su participación en el desarrollo equilibrado y armonioso de la Provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del noroeste argentino y de la Nación.

Con un punto de partida en un plan sustentable en el tiempo, reveló que se está trabajando con el objetivo de contrarrestar indicadores negativos en materia de trabajo, informalidad, pobreza, mortalidad infantil, entre otros. En ese contexto, es imprescindible el aporte del Consejo  en la determinación de políticas públicas porque en ese cuerpo están representados los intereses de cada sector de la vida provincial.

La exposición del mandatario dio cuenta que se ha comenzado a poner la atención en demandas de esos actores, que reclaman acciones del Estado, luego que el Gobierno configurara una situación restrictiva respecto de una evolución dificultosa de su desarrollo. Hay huellas de las pretensiones originales sostenidas para ganar una elección y por ellas se tratará de transitar a fin de lograr un objetivo impostergable, como lo es la generación de empleo a través de la actividad privada.

Para un plan inmediato hay un diagnóstico respecto de carencias y una tenue trama de ideas para ir dando respuestas. Por ello es que ante el Consejo Económico y Social, el Gobernador habló de energías renovables, desarrollo de la educación para evitar el éxodo de la población juvenil, producción industrial sustentable ambientalmente, reforma impositiva y el eficiente atajo de la obra pública, entre otros repetidos planes de crecimiento cuya efectividad nunca pudo ser probada.

El difícil momento actual, con escasos recursos para financiar proyectos de envergadura, exige la construcción de consensos y la apertura a la amplia participación política, que no es dable esperar si la convocatoria es condicionada.  Pedir acompañamiento con la mera concesión de aceptar la llamada crítica constructiva, anticipa un fracaso a la luz de la experiencia acumulada.

Es que la crítica es un juicio de valor, cuyo tono es apreciado subjetivamente. Más allá de la intención del emisor, la sensibilidad del receptor es la que habitualmente le da el carácter de constructiva o destructiva. Las circunstancias también interfieren al punto que la inminente llegada de junio significa que ya se gastó un medio año no electoral o que aún quedan medio año para hacer sin caer en el cepo de las urnas.

Se transita un tiempo difícil y no solo por la existencia de un enemigo invisible.

Salta, 29 de mayo de 2020