La cuarentena ha puesto en jaque la calidad de vida de quienes sostienen ciertos consumos adictivos legales, como el cigarrillo y la masticación de hojas de coca. La caída de la oferta por las restricciones generadas por el aislamiento fue usufructuado por quienes conocen los vericuetos del tráfico ilícito y apuró la tarea de quienes han decidido regular la situación del producto vinculado a una práctica ancestral.

Demorada la solución prometida en su campaña electoral por el diputado nacional Martín Grande, la iniciativa fue tomada por legisladores provinciales, sumando proyectos a muchos otros que se acumularon en estos últimos años. La Cámara de Senadores tiene en comisión una propuesta del representante de Los Andes para dar un marco regulatorio a la importación, acopio, fraccionamiento y venta de hoja de coca. Pretende asegurar su provisión para uso doméstico y para investigación científica, garantizando la continuidad de la práctica del coqueo.

Cabe destacar que la Ley N° 23.737, en su Artículo 15, determina que no será considerada como tenencia o consumo de estupefaciente, la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión. Sin embargo, no lo facilita desde el momento en que el Código Aduanero considera ilegal la comercialización y la importación, más allá del cuarto kilogramo que se considera como tenencia para el consumo personal. 

Tampoco está autorizado el cultivo y no por cuestiones agroambientales. En esa cuestión pesa la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York y a la que la Argentina adhirió de manera plena. Es un tratado que conforma el marco legal internacional para el control de drogas. Reconoce cuatro listas de productos por su nivel de riesgo y la hoja de coca, figura en la Número 1, junto al cannabis, opio, heroína, metadona, cocaína y oxicodona. De esa manera es considerada como una sustancia muy adictiva o de probable uso indebido.

Ello no fue óbice para que el diputado Ignacio Jarsun anunciara que está preparando un proyecto para que en Salta se pueda producir hoja de coca, bajo el mismo marco jurídico con el que Jujuy produce marihuana. En tanto, elevó un pedido a la Justicia Federal para que toda la coca incautada en operativos de Gendarmería en la provincia sea entregada al Gobierno Provincial, para su distribución gratuita entre la población.

El hecho que se permita el coqueo pero no la producción ni la importación de coca genera una situación, que no pocos consideran que es un nicho de corrupción en la frontera y de expansión del tráfico ilícito. Su represión, sin embargo, impedirá el ejercicio de un derecho a mantener una práctica cultural.

La marcha iniciada ayer en el Senado no debiera frenarse.

Salta, 22 de mayo de 2020