Un caso es la situación en el penal de Villa Las Rosas, sobre cuya superpoblación ya se viene advirtiendo. La pandemia que preocupa al mundo, visibiliza a sus habitantes como también lo hacen las demandas que han trascendidos desde el interior de la cárcel. Ello ha motivado una visita de inspección de un fiscal penal.

El resultado es alentador por cuanto el número de reclusos en situación de riesgo apenas supera el centenar y ha permitido que se puedan adoptar inmediatas medidas sanitarias preventivas por el Coronavirus. Se separó en un pabellón a los internos de más de 60 años mientras que los que padecen enfermedades que los tornan más vulnerables tienen un control sanitario diario entre las medidas de prevención y protección más sobresalientes.

Esto significa, en principio, que no hay posibilidades de alterar el orden dado por las sanciones impuestas por los jueces, en resguardo de la sociedad. No es un dato menor teniendo en cuenta que hay otras jurisdicciones en las que situación es diferente y se está generando una puja de intereses, que configura una problemática compleja, que encierra riesgos ciertos.

Como ejemplo cabe mencionar una resolución de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que alienta a los magistrados a la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19. Les recuerda que es atribución de los magistrados competentes evaluar y discernir en su caso, en vista de las actuales circunstancias y con arreglo al orden jurídico vigente, tomar decisiones de ese tenor.

Mediaron presentaciones de organizaciones de derechos humanos para poner a un importante grupo de presos, incluso, al borde de la prisión domiciliaria si el delito por los que se aplicó la condena fue leve o no violento. Pero no se descarta que se aplique indiscriminadamente.

Se trata de una situación desbordada al extremo que esta decisión del tribunal superior de Justicia bonaerense ya tiene un antecedentes respecto de flexibilizar la severidad de penas de una población con 46 mil penados. Apenas asumido el actual gobierno que lidera Axel Kicillof tuvo que resolver una huelga  de presos que llevó a esa Corte a pedir un uso razonable de las prisiones preventivas, por las graves condiciones de alojamiento, sin descartar la posibilidad del traslado de reclusos al sistema federal o a otras provincias.

Procuradores de todo el país, entre ellos el salteño Abel Cornejo, observan con preocupación está resolución, que fue sugerida por Julio Conte Grand, de la provincia de Buenos Aires, quien instruyó a todos los fiscales y defensores oficiales para que requieran medidas alternativas al encarcelamiento para los presos que están incluidos en el grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus.

Hay coincidencia en que esta resolución no puede generalizarse, de ninguna manera. 

Salta, 30 de marzo de 2020