El dictamen de mayoría, emitido por las comisiones correspondientes, es técnicamente lo que se vota en el recinto, y se trata de un proyecto de 232 artículos que contienen gran parte de lo que se considera el eje del programa de gobierno de la actual administración.

Hay partes de esta Ley que le sirven a los argentinos, sin ningún lugar a dudas, pero están contenidas en un marco legal que parece estar mucho más al servicio del gobierno en su afán de concentrar poder que al servicio de la gente.

La Ley Bases parte de la misma concepción que ha hecho fracasar a gran parte del sistema político y ha colocado a los argentinos en el lugar de enorme vulnerabilidad que nos toca vivir. 

La premisa por la que, para lograr resultados en la gestión de gobierno, hay que buscar la suma del poder público no es ninguna innovación, lo han hecho casi todos los que estuvieron y no nos fue bien, nos fue bastante mal.

Hablan distinto pero hacen lo mismo. Critican a los anteriores pero hacen lo mismo. Se repite la misma metodología para distintos objetivos. Se piensa en el gobierno y el poder y no se piensa en los argentinos a los que se condena a un camino de dolor.

Insistir en la mala costumbre de entender al debate y a todo intercambio de ideas como un debilidad ha lastimado severamente la convivencia entre los argentinos y ha destruido la confianza en las instituciones de la democracia. Sin ellas serán en vano los esfuerzos que se hagan para salir de la profunda crisis en la que nos encontramos. 

No se necesita más poder para el gobierno, se necesita más poder para la gente. La delegación de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo que se pretende a través de la Ley en tratamiento va en el camino contrario al fortalecimiento institucional, elemento básico para salir del círculo vicioso en el que hemos caído hace ya tiempo.

La facultad, en cabeza de una sola persona, de disolución, intervención y modificación de prácticamente todos los organismos públicos, como así también la facultad de privatización y/o concesión de otros no parece ser una decisión prudente. 

El afán de concentración de poder ser verifica también en el aspecto económico, a través de la creación de un gigantesco sistema de incentivos a las grandes inversiones, con un piso de entre 200 y 900 millones de dólares a las que se beneficiará con la reducción del impuesto a las ganancias, la exención de derechos de importación y exportación, de impuestos provinciales y municipales, entre muchos otros beneficios.

Castigar a los cuentapropistas, profesionales, a las pequeñas y medianas empresas, que son los que dan dos tercios de los puestos de trabajo registrado, subiéndoles impuestos para bajarle o eximirle impuestos a los monopolios que tengan capacidad de inversión de cientos de millones de dólares es la muestra más acabada de un gobierno que busca privilegiar a los privilegiados.

Necesitamos una Ley para los Argentinos, no una Ley para el Gobierno.