La iniciativa aparece como inoportuna, y desatinada. Lo primero porque el mismo Gobernador ha anunciado y puesto en el tapete una reforma de la Constitución de la Provincia. Si bien se ha dicho que el tema esencial  para una reforma constitucional que intentaría el actual Poder Ejecutivo es la necesidad de eliminar los mandatos sucesivos del Gobernador, de los Intendentes y de los legisladores, que favorecen el nepotismo y son contrarios a la máxima republicana de periodicidad de los mandatos , es obvio que nuestra Constitución necesita otras reformas que deberán discutirse entre todos los sectores de la comunidad sin exclusiones.

Y entre estas reformas a la Constitución alumbra como muy necesaria, imprescindible diría, el actual sistema de administración de justicia provincial.

La Corte de Justicia es  hoy un ente que todo lo puede. Es tribunal de último recurso y en temas constitucionales, tiene a su cargo el Consejo de la Magistratura (presidido por un cortesano), la Escuela de la Magistratura, otro cortesano a cargo y  que  ha tenido un rol muy pobre, sin programas para dotar a los magistrados de conocimientos de la moderna ciencia del derecho y de los Tratados internacionales. El Presidente de la Corte  preside el Tribunal Electoral, y por último la Corte tiene también  la potestad de superintendencia sobre los magistrados inferiores.

Claro que si se decidiere en una constituyente que la Corte debe mantener todas esas funciones, y cumplirlas con eficacia, debería discutirse incrementar sus integrantes.

Pero eso debe ser materia de discusión en la Constituyente. Por eso resulta inoportuno ahora, pendiente la reforma constitucional, ampliar el número de cortesanos.

En nuestro criterio hay que sacarle a la Corte varias de esas funciones porque han importado en este tiempo otorgarle una suma  de facultades que no las cumple, algunas veces lo hace mal, y que han servido también para evitar que lleguen a sentencia causas judiciales por corrupciones varias en las que estuvieron y están todavía involucrados ex funcionarios.

Esta iniciativa del actual Gobierno de la Provincia recuerda las triquiñuelas del ex Gobernador Urtubey para dejar una Corte adicta que lo mantenga indemne ante denuncias penales que podrían caberle por sus conductas en la gestión del Gobierno Provincial.

Una de ellas ha sido lo que la prensa local tituló como el “enroque”, aquella renuncia del entonces Ministro de la Corte Abel Cornejo, que fue nombrado al poco tiempo Procurador, Jefe de los Fiscales, mientras que el anterior Procurador ocupaba en la Corte el cargo dejado vacante por Cornejo.

Los nombramientos fueron notoriamente extemporáneos pues se trataba de un Gobernador próximo a cesar y por razones de prudencia y decoro debió dejar que estas decisiones las tomara quien lo sucedería en el cargo, habida cuenta que estos nombramientos excederán en el tiempo el mandato del nuevo Gobernador.

Cuando ocurrió ese exabrupto institucional llamó la atención que ninguno de los candidatos a gobernador se pronunciara en contra de la  maniobra de Urtubey. Ni Olmedo, Leavy o el luego triunfante en los comicios Dr. Sáenz dijeron una palabra. Desde el FOCIS nos opusimos con argumentos muy contundentes y también lo hicieron algunos dirigentes políticos.

Y entonces, a los ciudadanos de a pie nos hace pensar que esta iniciativa gubernamental de ampliar los miembros de la Corte antes de conocer si esta tendrá las funciones extraordinarias que ahora detenta luego de reformarse la Constitución, es la continuidad de una política tendiente a “garantizar” la impunidad de quienes ejercieron y cumplen ahora funciones en la conducción del Gobierno y en las intendencias municipales.

Es decir, dejar las cosas como están.

Luis García Vidal. Integrante del FOCIS.