Cooperación
Se va a revisar la normativa que regula el funcionamiento de la Cooperadoras Escolares. Es la primera respuesta a una situación que cada año se repite al momento de habilitar la matrícula para cada año lectivo.
La protesta ya se desencadenó sobre un hecho puntual, vinculado a la denuncia del cobro para rendir el ingreso a una escuela de educación técnica muy demandada. Con esta problemática inauguró este miércoles su función el nuevo secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, quien ya venía cumpliendo tareas en la cartera y conoce de manera precisa el ámbito en el que asumió mayores responsabilidades.
El funcionamiento de estas instituciones es casi centenario pero desde hace tiempo ha dejado de ser un canal de participación de los padres o tutores en la vida escolar, como parte de la comunidad de un establecimiento en los términos en que la ley provincial de educación reconoce a ese sector. Quizás la falta de claridad sobre el funcionamiento de las cooperadoras genera, en algunos casos, la resistencia a realizar una contribución onerosa que, en las actuales condiciones, es imprescindible.
Es lo que advirtió el funcionario al reconocer que el recorte presupuestario nacional afectó al sistema educativo provincial, especialmente en la provisión de insumos y personal de limpieza en las escuelas. Pareciera un tema menor dentro de la compleja trama de cuestiones que atiende el Ministerio de Educación pero puede observarse como la punta de un iceberg, cuya dimensión fue expuesta en cifras en la última reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación , que ha comenzado con el análisis del proyecto de presupuesto para 2026.
Según el análisis de la propuesta realizado por la Confederación de los Trabajadores de la Educación, la reducción de la inversión en el área para el próximo ejercicio fiscal, alcanza al 70% respecto del último presupuesto aprobado por el Congreso, que es el de 2023. En la reunión informativa realizada en la Cámara alta nacional, Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA, subrayó que el proyecto de presupuesto educativo girado por el Ejecutivo deroga las garantías del financiamiento de la educación, de la educación técnica profesional, de la ciencia y la tecnología.
Tanto la ley general de educación, como la de financiamiento para el sector y la de educación técnica contienen garantías respecto de la participación en el PBI de la inversión en ese ámbito esencial para el desarrollo nacional. La previsión lleva de manera escalonada a un porcentaje de 6 puntos que aún no se logró, pero sigue siendo un objetivo a alcanzar.
Sin embargo, el proyecto en análisis suspende tales garantías y contempla asignar apenas un 0.68% del PBI para cubrir las demandas de la educación argentina, la tasa más baja desde que las leyes que fijan los marcos de financiamiento están vigentes. Se recordó que la normativa es producto de una larga lucha de diversos sectores sociales, especialmente de los docentes, para revertir los efectos de las leyes que habilitaron las transferencias sin presupuesto a las provincias, de la educación primaria durante la dictadura cívico militar de la década del 70 y de la secundaria, en el menemismo, configurando un cuadro de catástrofe educativa.
Nuevamente se ha comenzado a advertir ese riesgo por la mayor carga de obligaciones sobre los tesoros provinciales, que ya están bastante escuálidos. Especialmente deben tomarse resoluciones que no rocen el principio de la gratuidad total de la educación pública por lo que el camino que queda transitar es de una mayor responsabilidad social, controlando que las prioridades que resuelvan los gobernantes no afecten los valores que efectivamente hicieron grande en otros tiempos a este país.
Salta, 29 de octubre de 2025
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