Objetivo
El ministro de Gobierno y el titular del principal gremio de estatales en la Provincia se colocaron en la misma línea. Ricardo Villada y Juan Arroyo destacaron la difícil situación por la que Salta atraviesa y que se expresa en las limitaciones financieras, en parámetros sociales negativos y una complicada situación laboral. El Estado es el principal empleador y actualmente enfrenta serias dificultades por la carencia de recursos.
No sorprende que el estado de las cuentas públicas sea el principal problema a resolver por el Gobierno, pero cada sector lo observa desde una perspectiva que se vincula a sus intereses, cuya compatibilización es la responsabilidad de los funcionarios. El ciudadano común atiende el peso de sus obligaciones tributarias y la calidad de servicios que recibe. Empresarios y productores también se preocupan por la presión fiscal y por las políticas económicas que siempre impactan en esa primera línea y cuyos efectos se distribuyen luego sobre trabajadores y consumidores.
En el ámbito de la administración de ese Estado también hay una fuerte puja por acomodar las cargas de manera de mantener el equilibrio en la definición de prioridades. En el reconocimiento de restricciones radican las coincidencias entre el ministro Ricardo Villada y el secretario general de ATE-Salta; ambos señalaron que la situación es complicada. El punto más difícil se ubica en funcionamiento de los municipios, que tienen problemas para pagar los sueldos de los empleados. A partir de esa confluencia de apreciaciones aparecen las diferencias de matices.
El Poder Ejecutivo sabe que debe hacer una inversión fuerte en términos de salud, desarrollo social y educación. En esas áreas, pesan significativamente las erogaciones en sueldos de buena parte de los empleados del Estado.
Definir prioridades en materia de acciones de gobierno va por cuerda separada respecto de la cuestión salarial, que exige una negociación si se sigue respetando el funcionamiento de paritarias. La primera debiera caer en el tácito período de tolerancia que tiene todo nuevo gobierno, por lo que hasta mayo se podría demorar una convocatoria que en Salta suele realizarse en febrero.
Las condiciones para sostener la espera se vinculan a la cláusula gatillo firmada por el gobierno anterior, que a juicio del titular de ATE seguiría vigente porque nada se informó en contrario. La alternativa sería el pago de un bono, emulando a la decisión adoptada por el Gobierno Nacional.
La eliminación de la actualización automática fue el primer paso que dio el presidente Alberto Fernández, amparado en el acompañamiento de la principal dirigencia gremial nacional, que representa a sectores que no ajustaron sus salarios en base a ese mecanismo. A partir de allí se avanzó en la aplicación de sumas fijas a cuenta de paritarias, por lo menos en el primer cuatrimestre, que incluye el pago de sueldos de los tres primeros meses del año.
Todavía no hay anuncios sobre decisiones provinciales al respecto. Ante la inminencia del inicio del período lectivo, que enciende el motor de la acción gremial provincial, se esperan señales con el pago de haberes de enero.
Un diálogo entre el gobernador Gustavo Sáenz y la Mesa Intergremial es un objetivo de este sector.
Salta, 24 de enero de 2020
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