El ministro de Gobierno y el titular del principal gremio de estatales en la Provincia se colocaron en la misma línea. Ricardo Villada y Juan Arroyo destacaron la difícil situación por la que Salta atraviesa y que se expresa en las limitaciones financieras, en parámetros sociales negativos y una complicada situación laboral. El Estado es el principal empleador y actualmente enfrenta serias dificultades por la carencia de recursos.
Opinión 24/01/2020
No sorprende que el estado de las cuentas públicas sea el principal problema a resolver por el Gobierno, pero cada sector lo observa desde una perspectiva que se vincula a sus intereses, cuya compatibilización es la responsabilidad de los funcionarios. El ciudadano común atiende el peso de sus obligaciones tributarias y la calidad de servicios que recibe. Empresarios y productores también se preocupan por la presión fiscal y por las políticas económicas que siempre impactan en esa primera línea y cuyos efectos se distribuyen luego sobre trabajadores y consumidores.
En el ámbito de la administración de ese Estado también hay una fuerte puja por acomodar las cargas de manera de mantener el equilibrio en la definición de prioridades. En el reconocimiento de restricciones radican las coincidencias entre el ministro Ricardo Villada y el secretario general de ATE-Salta; ambos señalaron que la situación es complicada. El punto más difícil se ubica en funcionamiento de los municipios, que tienen problemas para pagar los sueldos de los empleados. A partir de esa confluencia de apreciaciones aparecen las diferencias de matices.
El Poder Ejecutivo sabe que debe hacer una inversión fuerte en términos de salud, desarrollo social y educación. En esas áreas, pesan significativamente las erogaciones en sueldos de buena parte de los empleados del Estado.
Definir prioridades en materia de acciones de gobierno va por cuerda separada respecto de la cuestión salarial, que exige una negociación si se sigue respetando el funcionamiento de paritarias. La primera debiera caer en el tácito período de tolerancia que tiene todo nuevo gobierno, por lo que hasta mayo se podría demorar una convocatoria que en Salta suele realizarse en febrero.
Las condiciones para sostener la espera se vinculan a la cláusula gatillo firmada por el gobierno anterior, que a juicio del titular de ATE seguiría vigente porque nada se informó en contrario. La alternativa sería el pago de un bono, emulando a la decisión adoptada por el Gobierno Nacional.
La eliminación de la actualización automática fue el primer paso que dio el presidente Alberto Fernández, amparado en el acompañamiento de la principal dirigencia gremial nacional, que representa a sectores que no ajustaron sus salarios en base a ese mecanismo. A partir de allí se avanzó en la aplicación de sumas fijas a cuenta de paritarias, por lo menos en el primer cuatrimestre, que incluye el pago de sueldos de los tres primeros meses del año.
Todavía no hay anuncios sobre decisiones provinciales al respecto. Ante la inminencia del inicio del período lectivo, que enciende el motor de la acción gremial provincial, se esperan señales con el pago de haberes de enero.
Un diálogo entre el gobernador Gustavo Sáenz y la Mesa Intergremial es un objetivo de este sector.
Salta, 24 de enero de 2020
La universidad pública de gestión estatal fue condenada a cumplir su tarea sin recursos y ha resuelto resistir. La decisión incluye al conjunto de sus miembros y le da cabida a la sociedad en general, porque es una herramienta esencial para el desarrollo y no se puede abandonar.
Sin tregua se toman decisiones para avanzar definitivamente hacia un nuevo ordenamiento de políticas en un país en emergencia.
Haciéndome eco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo en el que participan todas las universidades públicas nacionales, quiero compartir algunas reflexiones acerca de la delicada situación que se vive en las altas casas de estudios a raíz de las decisiones políticas del actual gobierno nacional.
El próximo viernes comienza el período ordinario de sesiones de todos los cuerpos legislativos. Como está establecido constitucionalmente se abre mediante sendas asambleas en el Congreso, la Legislatura Provincial y buena parte de los Concejos Deliberantes salteños.
La crisis económica golpea a todos los argentinos, pero, hay que decirlo, castiga mucho más a los argentinos que viven lejos de los puertos y del ya bicentenario poder económico y político centralizado en la Capital Federal.
Como cada año, el 8M es día de manifestaciones, en las que se estrenan reclamos.
El Ministerio de Economía dio a conocer los requisitos para que los adultos mayores puedan acceder al respaldo económico provincial.
El Boletín Oficial dio a conocer el proceso de adjudicación, por el que la firma Constructora SRL será la encargada de las obras de mantenimiento de calzadas enripiadas.
El último aumento se aplicó en marzo. El nuevo incremento comenzará a regir desde mayo.
Un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta publicó un informe que señala que la pobreza es más profunda de lo que marcó el Indec y otras casas de altos estudios.
Se practicaron 6.287 test pasivos de alcoholemia, siendo infraccionados 214 conductores alcoholizados en la provincia.