Está sucediendo desde el último mes del año pasado, cuando asumieron las nuevas conducciones de los gobiernos nacional, provincial y municipales. Tiene lógica en Estados que carecen de carrera administrativa, reemplazada en el mejor de los casos por algún convenio colectivo, que suma -con los gremios- un socio espurio al reparto de beneficios.

Dirigentes sindicales cerraron filas en torno de la decisión de la intendenta capitalina Bettina Romero de mantener la fuente laboral de aquellos que por el monto de sueldos y su nivel de cumplimiento de tareas demuestran efectivamente ser trabajadores, en detrimento de usufructuarios de categorías que se expresan en altos salarios y obligaciones laborales difusas. Al menos es lo que declararon al término de una reunión en la que se trató de tener certezas en torno de la situación de centenares de personas que asumen la precariedad laboral como única alternativa de empleo.

En la misma línea se paró el Gobernador de la Provincia, quien salió a declarar que pretende que nadie se quede sin trabajo, porque la variable de ajuste nunca pueden ser los empleados, y mucho menos los que trabajan. La irrupción del mandatario en una cuestión que parecía hasta ahora ser de orden municipal, porque está referida puntualmente a empleados de la Cooperadora Asistencial, cerró una jornada más de movilización de personas que no tienen certezas respecto de un modelo de gestión del asistencialismo que ha perdido el financiamiento original y no tiene determinada con precisión la nueva fuente de recursos para su sostenimiento.

Los gobernantes rasgan sus vestiduras ante la incertidumbre que ellos mismos generan porque, más allá de los discursos, no han podido presentar un plan de gobierno con políticas a mediano y largo plazo. Avanzan empujados por las urgencias de una crisis social y económica profunda. Sin presupuesto, les queda resguardar el precario equilibrio de cuentas, revisando a diario las prioridades.

Las demandas y obligaciones oscilan entre concurrir con elementos básicos para la supervivencia de amplias franjas poblacionales y cumplir con vencimientos de pagos millonarios. Entre ambos extremos se ubican definiciones respecto de ritmo y continuidad de obras de infraestructura y ajustes de gastos corrientes imprescindibles. 

En el horizonte ha comenzado a emerger la normalización de actividades que, al fin de febrero, da cuenta que el año se ha devorado los meses de relajamiento, que incluyen el período de tolerancia que tiene todo nuevo gobierno. Cuando la cartera de Educación tenga estimado el costo de poner a miles de establecimientos en condiciones para recibir a centenares de miles de niños y jóvenes para el cursado anual de un nuevo período lectivo, habrá sonado la hora de tener en claro cuánto costará mantener en funcionamiento el oneroso aparato de la administración pública.

Y no se tratará de quienes tironean las migajas del agrupamiento político. Será la demanda de médicos, enfermeros, policías y docentes, además de administrativos que llevan las cuentas de erogaciones que suman miles de millones de pesos. Y solo para citar algunos de los que le recuerdan a los gobiernos que sus obligaciones son los de dar salud, educación y seguridad al pueblo que los ha elegido.

Salta, 23 de enero de 2020