La Provincia también ha resuelto demorar el tratamiento de la ley de presupuesto. La novedad fue anunciada por el propio gobernador Gustavo Sáenz y confirmada luego por los titulares de ambas cámaras legislativas. El mandatario reconoció que, atento a que casi el 70% del presupuesto depende de la coparticipación nacional, no se puede realizar una estimación de ingresos y gastos sin que estén determinadas las políticas macroeconómicas.

En la decisión hay un fuerte realismo, desde el que se reconoce que la capacidad de la Provincia para determinar su propio esquema de gastos y recursos es limitada en extremo. Su autonomía en una franja del 30% de los recursos, que se suma a la falta de precisión sobre la situación que atravesará el país el año entrante. Esos factores concurren a fundamentar la disposición de prorrogar el presupuesto 2019 hasta el próximo cuatrimestre.

Es una decisión compleja y requerirá la intervención legislativa, ya que debe determinarse la redistribución de recursos ante una nueva organización del Ejecutivo Provincial. Si bien hasta ahora la situación fiscal está equilibrada, hay incertidumbre respecto de la recaudación y la disponibilidad de recursos por vía de subsidios. De 2018 a este año ya hubo una reducción marcada mientras que los gastos se mantuvieron en los mismos niveles, sumados a vencimientos de la deuda que no pueden modificarse a menos que la Provincia se declarara en default, situación que no está contemplada porque no se dan los extremos para que así suceda. Si se atiende a los informes del gobierno anterior, se cuenta con los recursos para cumplir con esas obligaciones durante el próximo ejercicio fiscal.

Si bien no hay precisiones que permitan elaborar un presupuesto, el Gobernador de la Provincia tiene decidido mantener la distribución porcentual en el mismo orden que venía aplicándose; esto es, alrededor del 40% para Educación, seguido por Salud con casi el 25% y un poco más del 10% para Seguridad. El resto de las áreas de gobierno se repartirán el 25% restante.

También es decisión tomada por parte de Gustavo Sáenz no reducir la planta de empleados. “Si están trabajando van a seguir trabajando” dijo, lo que hace suponer que sostener esta decisión obligará a negociaciones de orden salarial compatible con ese propósito.

No están tan claras las posibilidades de mantener en el mismo nivel actividades subsidiadas. A la cabeza se encuentra el transporte público, que es destino de ingentes recursos que aporta el Estado a SAETA. Con ellos se sostiene la gratuidad del boleto estudiantil y de jubilados y un precio que se intentó se ajustara progresivamente para no impactar en presupuestos domésticos insuficientes, intención que frustró la Justicia con un fallo que impidió un aumento mensual de un peso por boleto. Esa es una de las cuestiones que también dependen de lo que resuelva la gestión de Alberto Fernández.

A diferencia de la Nación, que tiene un proyecto que en setiembre pasado remitió el gobierno de Cambiemos al Congreso, en la Provincia no se llegó a elaborar. Seguramente debe haber demandas giradas por cada área para que se prevea su financiamiento. Pero todo deberá volver a foja cero.

Salta, 13 de diciembre de 2019