Emergencia
Como expresión de la profundidad de su crisis económica y social, Argentina va camino a convertirse en un país en emergencia. La próxima semana, el Senado convertirá en ley la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022 y ya se puso en la cola de temas a debatir el que propone declarar la emergencia farmacológica en todo el territorio nacional por el plazo de 180 días.
Precisamente el tratamiento de esta emergencia reactivó un Congreso que se había paralizado por el proceso electoral a partir de junio pasado, cuando se oficializaron candidaturas. Ello llevó a que en la sesión especial de ayer, convocada por la oposición, el salteño Pablo Kosiner demandara otra actitud por parte del Poder Legislativo, al que pidió mayor compromiso con los problemas reales de la Argentina.
La iniciativa que obtuvo media sanción ratifica que concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y además se asume como una política de Estado el derecho humano a una alimentación adecuada. Dispone un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento de los créditos presupuestarios vigentes este año, correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Asimismo, determina que a partir del 1 de enero de 2020, y hasta que dure la emergencia, se actualizarán trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a esas políticas públicas en base al aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el INDEC.
Tras cartón se espera que se aporte alguna solución respecto del acceso a los medicamentos y de allí una iniciativa que propone, entre otros puntos, la suspensión de los aumentos en los precios de unos 80 medicamentos de consumo masivo. También establece el proyecto que el Poder Ejecutivo deberá garantizar el stock y la distribución de los mismos y se lo faculta a disponer las ampliaciones y reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia farmacológica.
Si bien del debate en la Cámara de Diputados transitó especialmente por las fuertes críticas a la gestión de Cambiemos en el Gobierno Nacional, especialmente a la política económica aplicada por Mauricio Macri, se aclaró que la decisión no es resultado de la presión sectorial de grupos sociales emergentes. Hay una clara convicción que la actual situación amerita medidas especiales.
Todos los sectores políticos se manifestaron contestes con el carácter transitorio de las mismas, que dejan pendiente la resolución de fondo de la situación. Desde la sociedad civil también se acuerda que no es solución sino un parche imprescindible.
El docente e investigador de la UNSa, Jorge Paz, precisó que la pobreza afecta a cerca de 15 millones de personas. Y estimó que Argentina necesita de cerca de cuatro millones de puestos de trabajo como mínimo, que es algo que no se puede generar por decreto. La arista más puntiaguda de ese cuadro es que las cifras incluyen por debajo de la línea de pobreza al 60% de niños argentinos.
La caída de todos los parámetros sociales debiera convocar al conjunto de la sociedad a exigir mayor responsabilidad a la acción política.
Salta, 13 de septiembre de 2019
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