Urgencia
El sistema sanitario provincial atraviesa un déficit estructural que se agravó con la atención creciente de pacientes con cobertura de obras sociales o de medicina prepaga, que ya no pueden afrontar los costos de las prestaciones privadas. Es una situación que no ocurre solo en Salta y lo ha reconocido la Unión Argentina de Salud, que salió a explicar una situación muy compleja.
El ministro de Salud Pública de Salta informó que el sistema que administra su cartera registra un aumento del 70% de pacientes con obras sociales en hospitales públicos. El dato es preocupante si se tiene en cuenta que, según precisó Federico Mangione, el presupuesto del sistema de salud está calculado para atender a personas carenciadas que no tienen otro tipo de cobertura pero las inversiones en insumos, medicamentos y prótesis se comparten con afiliados que aportan a entidades que le ofrecen ese servicio en el sector privado, las que no hacen el reintegro correspondiente al sector público tornando insostenible el sistema.
Esta situación llevó a que se sancione una norma que habilita el cobro administrativo y judicial de tales prestaciones. Tras la reglamentación de la ley 8.491, el Ministerio de Salud se apresta a recuperar los montos adeudados que ascienden a unos 150 mil millones de pesos, cifra que representa la mitad del presupuesto total del sector de aproximadamente 370 mil millones. El reclamo por vía judicial no afectará a los pacientes, que no deben pagar nada en hospitales públicos: “La deuda es de la obra social, no del afiliado”, dijo el ministro Mangione. Su recupero se destinará al fortalecimiento del Fondo Compensador de Arancelamiento.
La actual situación de las obras sociales en Argentina está configurada por un profundo reordenamiento y desregulación impulsado por el gobierno nacional. Por disposiciones de la Superintendencia de Servicios de Salud se depuró el sistema, con más de 125 prepagas y diversas obras sociales dadas de baja por irregularidades o falta de actividad. Además, se dispuso el fin de la triangulación de aportes y se promueve la libre competencia generando una pérdida significativa de ingresos para los grandes sindicatos, estimada en miles de millones de pesos mensuales.
El impacto de estos cambios fue sobre el sistema público al que los pacientes recurren y llevó a que algunas provincias -como Salta, Jujuy y Mendoza- y la Ciudad de Buenos Aires apliquen un arancelamiento del que deben hacerse cargo las prestadoras privadas y habiliten distintos procedimientos para su cobro, La Unión Argentina de Salud salió a denunciar, como un problema serio que está afectando especialmente a las obras sociales, a los nuevos mecanismos de cobro que algunas jurisdicciones provinciales están aplicando a la seguridad social y a los sistemas de medicina privada por prestaciones realizadas en hospitales públicos. Algunos procedimientos que la entidad señaló son la aplicación de intereses y cargos adicionales, la intervención de agentes recaudadores y la conversión de facturas en instrumentos con capacidad ejecutiva; este último recurso es el que se aplica en Salta. En la CABA opera una sociedad del Estado a los fines de lograr el recupero de estos gastos y en Mendoza hay un un ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud.
Son recursos que se aplican para enfrentar la crisis de un modelo de atención médica que en pocos países está vigente, que se basa en el financiamiento de sus prestaciones con una parte del salario. Los expertos aseguran que en los sistemas del mundo que funcionan, el Estado hace una fuerte inversión.
Todo indica que ha llegado el momento de comenzar a proponer y debatir alternativas a un modelo que tiene más de medio siglo de vigencia y demanda con urgencia mejoras y actualización.
Salta, 30 de enero de 2026
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