Salta Por: Agustina Tolaba19/11/2025

Pozo Olmedo X: “No hay datos, no hay controles y no hay ley”

El investigador advirtió que la provincia no generó información oficial tras el derrame. Señaló que la situación podría agravarse con la desaparición del área de Ambiente del gabinete.

Por Aries, el biólogo e investigador de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Enrique Derlindati, alertó sobre la falta de datos oficiales y la ausencia de una evaluación ambiental profunda tras el incidente en el pozo Olmedo X. Según explicó, la situación preocupa no solo por el posible impacto ecológico, sino también por el vacío normativo y la inacción de los organismos competentes.

El especialista remarcó que, a pesar de las versiones sobre animales muertos y personas afectadas, no existe información oficial que permita confirmar nada. “Ese es el principal problema”, señaló. “No podemos asegurar absolutamente nada porque no hay datos. Lo único que tenemos son imágenes aéreas”.

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Derlindati explicó que las fotografías difundidas muestran un escenario grave —vegetación muerta, cambios de color en el suelo y agua con tonalidades típicas de hidrocarburos—, pero insistió en que un diagnóstico serio requiere trabajos de campo, análisis de muestras y estudios especializados. “Es como pedirle a un médico que haga un diagnóstico solo con una foto de una persona. Un par de cosas se pueden identificar, pero lo profundo, no”, comparó.

El otro punto crítico, según Derlindati, es la ausencia de una legislación actualizada sobre daño ambiental en Salta. “No está penalizado. Muchas veces queda en simples ordenanzas y no se avanza mucho más”, advirtió. A esto se suma, dijo, un panorama político que profundiza la preocupación: “Hoy veía que, en la reestructuración de los ministerios, la palabra ‘Ambiente’ directamente desapareció. Producción y Desarrollo Sustentable ahora pasó a llamarse Producción y Minería”.

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Para el investigador, esto implica que la situación ambiental va a empeorar en términos de manejo y control.

Derlindati sostuvo que la Provincia se enfocó únicamente en determinar la responsabilidad administrativa del incidente, pero nunca planteó una evaluación real del daño ambiental ocasionado.

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