Mandato
Comenzó el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional para 2026. No hay muchas expectativas respecto de su avance y los esfuerzos de los legisladores apuntan a lograr que se atiendan las demandas de las provincias, que vieron afectada severamente su participación en la distribución de los recursos. Se renueva el interés por modificar la ley de coparticipación federal.
Con una administración nacional poco predispuesta a ajustarse al marco normativo -incluso constitucional- en materia de disposición de fondos, se está tratando de construir un consenso para cumplir el mandato de la Constitución Nacional que, en su reforma de 1994, dispuso la sanción de una ley convenio antes de que terminara 1996. Varias provincias han comenzado destacar la cuestión, observando la escasa voluntad política de cumplir incluso con el Pacto de Mayo, un acuerdo promovido por el gobierno de La Libertad Avanza, que se firmó en julio de 2024.
La Coparticipación Federal de Impuestos es un sistema de recaudación de impuestos y su posterior distribución, coordinado entre el Estado nacional las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta que alcanzó rango constitucional fue siempre un nudo gordiano del sistema federal y motivó que en 1934 se sancionara una ley para ordenar la puja permanente que generaba el reparto de la recaudación de contribuciones. Fue un buen intento que sucumbió en una dispersión normativa que se reordenó en 1988, cuando por Ley 23.548 se estableció un régimen transitorio de distribución, que se encuentra vigente en la actualidad.
Esa vigencia es sostenida por sucesivos Pactos Fiscales que van corrigiendo los desvíos y reencauzando las alteraciones sin alcanzar el punto en que ninguno de los estados participantes sientan que sus derechos son vulnerados. La Provincia de Buenos Aires está siempre a la cabeza de esos reclamos, pese a que se intentó compensar su aporte a la bolsa coparticipable mediante un fondo especial que cubra su deficiente participación en la distribución secundaria, la que no está basada en parámetros objetivos.
Por eso es que pocas provincias se mantienen en silencio y seguramente se las escuchará si se pretende cambiar la situación actual, que es el propósito que la mayoría está buscando. Precisamente, el Pacto de Mayo logró adhesiones porque, entre otros puntos, propone la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos “para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”, según expresa su cláusula sexta. Sin embargo, no se dio ningún paso en ese sentido y, por el contrario, se observa que las previsiones del proyecto de presupuesto girado al Congreso va en línea con la intención de la administración libertaria de poner un tope al gasto público consolidado del 25 por ciento del tamaño de la economía, lo que significaría un recorte de recursos importante a las provincias.
En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se propuso convocar a los gobernadores para conocer su posición, reconociendo que sus finanzas están al límite porque han ido asumiendo los costos en materia de salud, educación, obras y servicios sin mayor asistencia del gobierno nacional. Cabe recordar que, ante distintos foros, Salta presentó la propuesta de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos, que se describe en el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades, calidad de vida y un grado equivalente de desarrollo en todo el territorio de la Argentina. El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, reveló que se trabaja con el gobernador Gustavo Sáenz en lograr una distribución más equitativa. Se viene marcando que el Estado nacional no tiene territorio por lo que toda la riqueza la producen las provincias y solo reciben migajas a cambio.
Al parecer, está sonando la hora de honrar el mandato de la Constitución Nacional y sancionar la ley que consagre el federalismo de concertación.
Salta, 25 de setiembre de 2025
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