Problema
La pandemia desnudó una situación que ya venía observándose pero que no logró la atención oportuna y suficiente. En 2022 hubo una alarma mundial, cuando la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos marcó como el problema más importante que enfrenta la comunidad mundial de anestesiólogos la escasez crítica de profesionales capacitados en países de ingresos bajos y medios. Un informe de la entidad destacó que la limitación subrayada contribuía a una crisis mundial en la que 5 de 7 mil millones de personas no tenían acceso a cuidados quirúrgicos y anestésicos seguros cuando los necesitan.
En la Argentina, esa situación se expresaba en una relación que no alcanzaba ni siquiera un promedio de 12 anestesistas cada cien mil habitantes. Además, no sólo era un número insuficiente sino que estaban territorialmente mal distribuidos. Si bien hubo provincias que ya en 2018 denunciaban la carencia -como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza- no hubo correcciones que apuntaran a ordenar una situación que indicaba un crecimiento inquietante, porque la conducta corporativa de ese sector de médicos desalentó una solución adecuada.
Cuando la pandemia golpeó todas las puertas, poniendo al sistema de salud en estado de prestación extrema, esas deficiencias preocupaban pero no eran prioridad. Se conocía que el número de anestesistas en formación por año, en condiciones de calidad exigible para la naturaleza de la tarea, era más que insuficiente para cubrir el desgranamiento natural, las licencias -en buena parte por enfermedad- o la emigración por mejores horizontes. De entonces a la fecha, no hubo registros de decisiones conducentes a loigrar mejoras. Además, la evolución de las prestaciones médicas generan un aumento creciente de la demanda, especialmente a expensas del avance que se registra en el sector privado donde la tecnología permite un mayor número de intervenciones quirúrgicas.
Está visto que no se trata de una cuestión novedosa. En febrero de 2022 se hizo público un caso en Salta que llevó a advertir que el déficit de especialistas alcanzaba por lo menos a 20 anestesistas para cubrir el territorio provincial y evitar seguir sosteniendo una solución que se había alcanzado mediante un acuerdo sectorial que ponía a estos médicos en condiciones privilegiadas respecto de sus pares.
Ese arreglo se ha tornado actualmente insostenible para el sistema público de salud y lo vienen denunciando los gerentes de los distintos hospitales y el propio titular de la cartera. La cuestión ha llegado al Consejo Federal de Salud, en cuyo marco se ha podido verificar que este problema nacional, tiene en Salta aristas más pronunciadas.
Al margen de algún caso que puede llegar al fuero penal, no se descarta ir a la Justicia con un recurso de amparo frente a una situación de abuso de posición dominante.
Se impone la necesidad de evitar que esta distorsión, que viene siendo tolerada por la inacción de distintos sectores vinculados a la prestación del servicio de salud, genere problemas de accesibilidad que se paguen con vidas.
Las soluciones sectoriales no han dado resultados porque sólo han fortalecido intereses corporativos. La federalización del problema también compromete al gobierno nacional, que debe comprender que no es el mercado el que debe o puede ordenar las cargas. Se debe avanzar sin demoras al abordaje integral de la cuestión.
Salta, 23 de septiembre de 2025