El exobispo Zanchetta, condenado por abuso, continúa fuera de prisión
Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán condenado por abuso sexual agravado, volvió recientemente a Argentina luego de permanecer más de un año en Roma con un permiso extraordinario por motivos de salud. Sin embargo, no regresó a una cárcel común: está alojado en Salta Capital, a la espera de que reacondicionen su celda en un convento de Orán, donde cumple prisión domiciliaria desde hace más de un año.
“Estuvo apenas cuatro meses en una cárcel. Después, por un supuesto problema de salud, fue trasladado al convento Nuestra Señora del Valle. Y de ahí, a Roma, al hospital Gemelli, donde incluso estuvo internado el Papa. Nunca cumplió su condena como cualquier ciudadano común”, denunció por Aries Matías Montes, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos.
Montes apuntó con dureza contra el Poder Judicial de Salta, el obispo actual de Orán Luis Antonio Scozzina —quien autorizó el cumplimiento de la condena en el monasterio— y la propia Iglesia: “Zanchetta fue beneficiado desde el primer momento. Le queda un año y medio de condena, pero estamos convencidos de que logrará la libertad antes. Lo más grave es que va a seguir abusando, porque el abusador lo hace una vez y lo vuelve a hacer”.
Además, recordó que el Tribunal de Impugnación ya dictó sentencia firme, y aun así Zanchetta no pisó una cárcel en más de un año. “El obispo Scozzina dijo que, una vez firme la sentencia, debía ir a prisión común. Pero no pasó. Lo están esperando para volver a alojarlo en el convento. ¿Quién más tiene ese privilegio?”, se preguntó Montes.
La Red también cuestionó la falta de transparencia en los fondos utilizados para mantener los viajes y tratamientos de Zanchetta. “¿Quién pagó su estadía en Roma, sus pasajes, sus tratamientos? Seguramente el dinero salió de la colecta de los fieles. Eso también es encubrimiento”, lamentó.
Consultado sobre la nueva conducción de la Iglesia, Montes fue tajante: “El nuevo Papa, León XIV, tiene denuncias de encubrimiento en Perú. Si eso no cambia, todo seguirá igual. La protección institucional a los abusadores sigue intacta”.