Una Fiscalía, la Auditoría y el Gobierno revisan los números del IPS
El senador provincial por San Martín y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta provincial, Manuel Pailler, afirmó que “en ningún momento se va a tratar ni existe la posibilidad” de que los jubilados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) pasen al PAMI, en referencia al proyecto impulsado y luego retirado por el gobernador, Gustavo Sáenz. “Se arrepintió, pidió disculpas, lo retiró”, remarcó el legislador en diálogo con Aries.
Pailler explicó que, tras la polémica por aquella iniciativa, se convocó una mesa de trabajo en la que participan ministros provinciales y legisladores. “El gobernador me ha pedido que se forme un grupo de trabajo en el que están el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, el de Salud, Federico Mangione, el de Trabajo, Alfredo Batule y posiblemente el de Economía, Roberto Dib Ashur, además de los presidentes de ambas comisiones de salud y el interventor del IPS”, indicó.
En cuanto a la situación financiera de la obra social provincial, el senador detalló que se saldaron $20 millones de los $25 millones que figuraban como deuda. “Quedan algunos prestadores, sobre todo clínicas del interior, a quienes les habían pagado solo el 50%”, dijo. También señaló que se avanza con el pago a proveedores. “Eso es lo que informó el interventor, que está trabajando en la parte operativa del IPS para reanudar las prestaciones”, aseguró.
Respecto a los problemas estructurales del organismo, Pailler sostuvo que “los ingresos no alcanzan a cubrir los costos” y mencionó que uno de los principales factores es el elevado valor de los medicamentos. “Hay medicamentos de alto costo y otros de altísimo costo, que cubren enfermedades raras. Eso representa una carga muy significativa”, indicó.
Finalmente, explicó que tanto la Auditoría General de la Provincia como la Fiscalía están actuando para revisar posibles irregularidades. “Nadie tiene en este momento prueba para decir que se facturó de más, por eso la auditoría está revisando convenios, contratos y facturaciones. Y, como no hay denuncia penal, una fiscal actúa de oficio”, concluyó Pailler.