Alfredo Astiz y otros 18 genocidas fueron trasladados a la cárcel VIP de Campo de Mayo
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. También fueron enviados condenados por otros delitos.
El sorpresivo traslado de 19 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad a una cárcel con condiciones diferenciadas despertó una fuerte polémica. Entre los beneficiados se encuentran Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason, quienes estaban alojados en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Los represores fueron enviados el viernes 9 de mayo pasado a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que fue construida en 2007 para alojar a exmilitares, en una medida tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.
La lista incluye también a los represores de la ESMA como Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Antonio Pernías, y del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), como Miguel Angel Britos. También a Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Lucio Nast y Luis Navarro.
La decisión fue adoptada con la excusa de aliviar la sobrepoblación carcelaria y realizar reformas en el Complejo de Ezeiza para alojar a presos de “alto perfil” que deben estar bajo un estricto sistema de vigilancia.
El penal de Campo de Mayo cuenta con cinco pabellones con capacidad para alojar a 172 internos. No hay muros sino un perímetro de alambre. Tiene quincho, gimnasios con aparatos, tres huertas y hasta dos canchas de tenis. Pero eso no es todo: los pabellones no son celdas sino habitaciones y hasta algunas de ellas están equipadas con aire acondicionado.
De acuerdo a los voceros, el traslado no sólo alcanza a los represores sino que también fueron enviados condenados por otros delitos, como el ex secretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción, Ricardo Jaime; Pablo García Aliverti -hijo del periodista Eduardo Aliverti- y el ex fiscal Juan Carlos César Castro, detenido por abuso sexual, entre otros.
El traslado fue duramente criticado por distintos organismos de derechos humanos, víctimas del terrorismo de Estado y referentes sociales. Desde HIJOS Capital aseguraron que “al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del ‘No al 2×1 para genocidas’, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios”.
Con información de Revista Quorum
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