Corte Suprema: el Gobierno manda los pliegos en extraordinarias
El Gobierno Nacional aspira a anunciar que en el eventual temario para sesiones extraordinarias del Congreso incluirá los proyectos para aprobar los candidatos a integrar la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. La ventana de oportunidad está dada entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Los senadores echaron a correr la versión de que el Ejecutivo estaría dispuesto a que se apruebe el pliego de Lijo para integrar el máximo tribunal y que podría haber un trueque para el segundo candidato, con una mujer propuesta por la oposición. Ante Ámbito, esa versión fue totalmente desmentida. Para el oficialismo sigue vigente el “los dos o ninguno”.
Aunque, ahora, con Lijo mucho más cerca de obtener su aprobación mediante el mecanismo constitucional de aval del Senado, desde el Gobierno confirmaron a este medio que, si eso sucede, el 16 de febrero estará listo el decreto para nombrar a García Mansilla “en comisión”, y completar así la Corte Suprema tal como la diseñó Javier Milei cuando anunció sus postulantes. Afirman que la versión que incluye sólo al juez federal es la que interesa a los senadores. Es algo que coincide con las charlas veraniegas en Pinamar, donde descansan algunos integrantes del Congreso que se encargaron de dispersar que la votación de Lijo está asegurada en el número, sólo restaba saber cuándo. Los números para García Mansilla no están.
El Gobierno reduce a cero las chances de un intercambio de nombres con el peronismo. Desde el kirchnerismo habían hecho llegar esa propuesta cuando facilitaron el noveno voto en la Comisión de Acuerdos para que el pliego de Lijo corriera con ventaja. Sin nombre definido, Cristina Kirchner quería que fuese una mujer, con mayor preponderancia en un origen político que judicial. En el fondo, la discusión de LLA no es con ese sector, sino con el PRO, que resiste la llegada del juez federal. Es parte de la discusión con algunos sectores macristas que han aumentado la belicosidad contra Santiago Caputo y en la paralela convocatoria a unir fuerzas en las elecciones mediante la inauguración de equipos de trabajo que propuso Mauricio Macri.
En Casa Rosada apelan al argumento de que si los senadores son capaces de votar a Lijo con los cuestionamientos que arrastra, no tienen motivos para ignorar los pergaminos de García Mansilla. Si lo hacen, decreto. Ese es el plan.
Pero la negociación abrió otra puerta antes mencionada que ahora adquiere mayor fuerza: la ampliación de la Corte Suprema. Hay diálogos con la oposición que tienen como interlocutor principal a Santiago Caputo. Hay interesados. El Gobierno no abdica de la discusión y dice que está sobre la mesa de negociación para llevarla a 9 miembros y desde allí abrir una nueva pulseada por los cuatro nombres restantes. Sin embargo, todo está supeditado a la entrada de ambos candidatos originales. No sólo hay conversaciones con sectores del peronismo, sino que encontraron interés en los radicales que podrían proponer un candidato en una estructura ampliada del máximo Tribunal.
Todos estos movimientos estaban dentro del radar de la Corte que finalizó el año con la certeza de que había anulado las chances de un decreto apenas renunciara Juan Carlos Maqueda, que era la amenaza oficial. Sin embargo, sigilosamente, descontaban la llegada de Lijo, advertidos por los senadores que una vez traspasado el obstáculo de la comisión, era una cuestión de tiempo. Si el juez federal atraviesa el proceso de designación en extraordinarias no habrá ninguna clase de cuestionamiento a su arribo al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Es impredecible qué pueda ocurrir si el Gobierno avanza en un “mix” –con el decreto en comisión para su otro candidato-, porque quedaría una Corte completa en lo formal, pero con una mezcla de procedimientos para su integración. Una Corte “blend”.
Con información de Ámbito