Salta Por: Ivana Chañi12/12/2024

Productores calchaquíes piden reordenar conflictos con “autopercibidos” indígenas

La derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena genera optimismo en los productores que han sufrido la usurpación de su propiedad privada.

En diálogo con Aries, Adriana Bonifacio, integrante de la Asociación de Productores de Salta, destacó la importancia de la reciente derogación de la Ley  26.160 de Emergencia Territorial Indígena, implementada en 2006. Según Bonifacio, la ley “fue mal aplicada” y permitió que algunas comunidades se auto percibieran como originarias con el fin de evitar el pago de arrendamientos y apropiarse de tierras productivas. “Confiamos en que esto se vuelva nuevamente a reordenar”, afirmó.

El conflicto escaló a grados de violencia preocupantes bajo el paraguas de la ley. “Mi hermano fue agredido en 2012 en La Poma. Estuvo 23 días en coma, y todo quedó en la nada porque los agresores estaban amparados por la ley”, recordó. Según la productora, estos incidentes no fueron aislados, ya que su familia y otras en Potrero, Angastaco, y otras localidades, también vivieron episodios de violencia y denuncias que, en muchos casos, siguen sin resolverse.

El IPPIS anticipó la judicialización por la derogación de la ley de Emergencia Territorial

La Asociación de Productores, creada en 2015, trabajó junto al gobierno provincial de Gustavo Sáenz para mitigar la violencia en la región. Bonifacio subrayó que en los últimos años se lograron ciertos avances, pero confía en que con la medida del presidente Milei, a través del Decreto 1083/2024, “se pueda rever la situación, especialmente en casos de autopercepción como originarios”, un punto clave para la provincia y el país, enfatizó.

Para Bonifacio, la derogación de la ley marca una oportunidad para recuperar tierras y garantizar la justicia. “Es momento de volver a las bases, respetando nuestra Constitución”, afirmó. Además, hizo un llamado a los jueces y a los organismos provinciales y nacionales a revisar las personas jurídicas otorgadas y la problemática asociada a la autopercepción como comunidades originarias. “La confianza está en que esta medida permita reordenar las cosas y devolver los derechos a quienes fueron violentados”, concluyó.

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