A la Provincia le cuesta $300 mil por día la internación de un ebrio siniestrado
En la sesión de este martes, la Cámara de Diputados provincial debatirá el proyecto de Ley enviado por el gobernador Gustavo Sáenz que propone el cobro de los costos sanitarios a conductores responsables de accidentes de tránsito mientras se encuentran bajo los efectos de alcohol o estupefacientes.
Según el diputado provincial por Capital, Dr. Juan José Esteban, esta iniciativa tiene un doble objetivo: "No solamente cobrar las prestaciones de salud, medicamentos y prótesis, sino también disuadir a quienes conducen en estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias psicoactivas", subrayó en diálogo con Aries.
Esteban destacó que los accidentes de tránsito generan un enorme costo para el sistema de salud pública. "El costo promedio por día de internación en terapia intensiva en el hospital público es de $300 mil pesos", señaló, añadiendo que estas cifras no incluyen otros gastos como insumos quirúrgicos, prótesis y asistencia médica especializada. Según el legislador, el proyecto incluye la creación de un banco de insumos quirúrgicos para garantizar la atención en estos casos, pero haciendo responsables a quienes tengan capacidad de pago.
El diputado subrayó la alarmante siniestralidad en la provincia: "Este año ya contabilizamos 128 víctimas fatales, 11 solo en noviembre", explicó. Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía), en el período 2022-2023 se registraron más de 1.000 accidentes de motocicletas por día en todo el país, siendo este el tipo de siniestro más frecuente y representando el 14% de los casos en la provincia.
Finalmente, Esteban reconoció que muchas de las personas involucradas en estos accidentes no tienen capacidad de pago, lo que hace aún más compleja la situación. "El 70% u 80% de quienes han producido siniestros bajo el efecto de alcohol o drogas son personas carentes de recursos", afirmó. Sin embargo, enfatizó que el proyecto también contempla opciones como trabajo comunitario para aquellos sin capacidad económica, asegurando que el objetivo principal es proteger los recursos del sistema de salud pública y reducir la siniestralidad vial.