Límites
Una serie de iniciativas legislativas están movilizando a distintos sectores sociales e, incluso, planteando disidencias que proyectan debates intensos, al menos en el trabajo de comisiones.
Se avanza en proyectos de ley que provocan la convocatoria de referentes de grupos involucrados.
En ese listado se incluye el propósito de modificar el Código Procesal Civil para arancelar el acceso al instituto de queja ante la Corte de Justicia. El proyecto fue girado por el Tribunal a principios del año legislativo y ha provocado el rechazo del Colegio de Abogados. Otros proyectos ya fueron incluidos en el Acta de labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados sin que, por ahora levanten reacciones, como es el caso del Proyecto de Ley que propone modificar el Régimen del Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros, en el capítulo referido al Servicio de Transporte Privado por Plataformas Electrónicas. Su aprobación significaría legalizar prestaciones como las de Uber, que viene siendo resistida en Salta. De lo que se trata es de imponer en la Provincia “un sistema de transporte que reconozca y gestione de manera responsable los distintos tipos de servicios y prestadores existentes y ayude a complementarlos y articularlos para alcanzar modelos más eficientes e inclusivos”, usando herramientas tecnológicas, dicen los fundamentos de la iniciativa.
Un buen ejercicio de participación social es el que se viene realizando en torno de una iniciativa que busca poner límites al cobro de plus a los afiliados del Instituto Provincial de la Salud. Su propósito es regular una disposición de la entidad provincial, que ha provocado excesos en su aplicación afectando derechos de los afiliados.
Es una preocupación que viene expresándose desde hace largo tiempo. En 2021 fue analizado en una mesa de análisis tendida por el Concejo Deliberante capitalino, que recogió las inquietudes por las sumas exorbitantes que se demandaban como plus por parte de distintos prestadores. La reunión ampliada de la Comisión de Salud del cuerpo, de la que participaron representantes del IPSS, del Círculo Médico y de la Superintendencia de Servicios de Salud, tuvo un carácter informativo pero puso un alerta en la evolución de lo que hoy se manifiesta como un problema que exige la atención del poder político.
Si bien la Legislatura Provincial sólo puede intervenir en relación al funcionamiento del Instituto Provincial de la Salud, que tiene un nutrido grupo de afiliados forzosos como son los empleados públicos provinciales y municipales, se reconoce que es una cuestión que también afecta a los que pertenecen a obras sociales sindicales. Es un tema complejo porque tiene varias aristas que trascienden un cobro al margen del que se paga con la cuota obligada.
En el caso que trata la Cámara de Diputados se reconoce la existencia de dos tipos de padrones de profesionales médicos, uno de los cuales habilita el cobro del plus pero en condiciones muy estrictas, como el de tener una especialización validada ante el Colegio Médico. En el análisis que se realiza se ha podido determinar que el 85% de los inscriptos en esa nómina no tiene tal acreditación. Otro aspecto muy controversial es que el cobro se realiza sin emisión de factura, hecho que configura evasión de impuestos.
Estos incumplimientos obligan a poner en manos del IPSS herramientas que limiten las pretensiones, atendiendo a las que son legítimas. También deben servir a los afiliados, que están indemnes frente a excesos que se imponen cuando atraviesan un estado de mayor vulnerabilidad.
Salta, 21 de mayo de 2023
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