En el programa Pasaron Cosas, Cristina Cobos, integrante del Comité de Prevención para la Tortura informó algunos datos del segundo informe anual del 2023 desprendido de un relevamiento al penal, la Alcaidía y las unidades carcelarias sobre la situación de las personas privadas de la libertad y  se encendieron alarmas, sobre todo porque la provincia se encuentra en emergencia carcelaria desde el 2022. 

“La sobrepoblación es un problema gravísimo, y el ministerio –de Seguridad- no tiene respuestas”, expuso Cobos, advirtiendo que el problema persiste desde el 2022. Para mitigar un poco estos efectos adversos,  el ministro Marcelo Domínguez había gestionado fondos ante Nación para la ampliación de la Alcaidía y una nueva cárcel en Quijano que también fueron paralizados cuando Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada. 

La situación  se agrava porque 300 reos no tienen colchones donde dormir y tienen que acostarse en el suelo y otros pierden los turnos gestionados en los hospitales porque no hay vehículos ni recursos para trasladarlos. 

“No puede quedar esto así y se tendrá que ver porque es grave. Yo lo hablé con el Ministro y me dijo que no hay plata”, acotó la representante del Comité. “Él me dijo que había hablado con Salud para poner una sala de prevención para la atención diaria, pero me dijo que no hay médicos que quieran, así que se trabó también esa gestión”, agregó. 

Además Cobos denunció que muchos de ellos padecen violencia y en los casos más graves torturas por los propios penitenciarios cuando son traslados entre pabellones.