Otro ex Intendente salteño al banquillo de los acusados
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 juicio para el intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en concurso real; y para los concejales Dina Francisca Pastrana, Pedro Daniel Gutiérrez; Daniel Jesús Coreico, por el delito de peculado, en calidad de partícipes necesarios.
Además, solicitó el sobreseimiento parcial de Wayar respecto del delito de retención indebida e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en dos hechos.
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al intendente en la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación, estableciendo que la Municipalidad de La Merced efectuó el 3 de septiembre de 2020 una transferencia por $171.243, mediante la utilización del Convenio de Acreditación Salarial N° 10330, que se acreditó en partes iguales de 57.081,00, en las cuentas bancarias personales de Gutiérrez, Coreico y Pastrana, sin existir justificación suficiente para efectuarla, sustrayendo con su accionar caudales de la Municipalidad cuya administración y custodia estaban a cargo de Wayar en función de su calidad como Intendente de La Merced.
A través del entrecruzamiento de datos, los investigadores de la UDEC corroboraron que en septiembre de 2020, los concejales Coreico, Gutiérrez y Pastrana percibieron dos sueldos, uno abonado por el Ejecutivo Municipal, mediante la transferencia realizada el 03 de septiembre de 2020, por un monto de $57.081,00 y otro por el propio Concejo Deliberante, mediante la transferencia realizada el o de septiembre de 2020, por un monto de $40.599,96.
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del que acusa la fiscal Salinas Odorisio a Wayar, la investigación demostró que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó, mediante Resolución 113/2022, un contrato de Comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica de la Municipalidad de La Merced, es decir sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.