En medio del anuncio de recorte de fondos nacionales para programas educativos, los colegios privados laicos mantienen su propia lucha por mantener el cupo de estudiantes e incrementar el subsidio provincial, que actualmente es del 15%, en comparación al 70% que perciben los de formación religiosa. 

Según informó por Aries el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, Pablo Pereyra, “luego de varias décadas de lucha”, recién en noviembre de 2022, Gustavo Sáenz se comprometió a otorgar un 30% de la masa salarial a estos colegios. Sin embargo, el entonces  Ministro de Educación, Matías Cánepa redujo ese porcentaje a la mitad, “sin un instrumento legal que diga de cuánto debe ser el subsidio y cuando se debe pagar”, indicó. 

En ese sentido, añadió que los colegios subvencionados reciben regularmente entre un 60% y un 70% de fondos al inicio de cada mes el primer día hábil, “pero a nosotros lo último que se nos transfirió fue el mes de octubre y fue recién hace dos semanas". 

La Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta nuclea a 30 establecimientos educativos, pero serían 54 las instituciones que no reciben aporte estatal. 

“A dos semanas del inicio del año escolar, aún no hemos logrado asegurar una audiencia con la ministra de Educación”, expresó, informando que ya se presentaron dos notas a Cristina Fiore, sin respuestas. 

El problema se agrava todavía más con los incrementos salariales retroactivos que deben aplicarse, sin tener los fondos necesarios para respaldarlos. “Las instituciones educativas privadas laicas nos encontramos a fines de diciembre con incrementos a pagarse en enero, febrero marzo, con dinero que no tenemos, porque en definitiva nosotros comenzamos a cobrar a partir de marzo”, aseveró Pereyra. 

Si bien el presidente de la institución negó que hubieran cierres de establecimientos, si advirtió por una gran migración de estudiantes a colegios y escuelas públicas, “porque en tiempo de crisis la clase media lo primero que deja de pagar es la educación y los obras sociales o prepagas”, lamentó. 

Además, Pereyra cuestionó que trabajan en casas alquiladas y adaptadas, carentes de la infraestructura adecuada que disfrutan los colegios subvencionados.

“Los colegios que hace más de 50 años reciben un aporte tienen un edificio diseñado y creado para funcionar, en cambio nosotros dependemos de alquileres, que encima en enero han sido actualizados de una manera exorbitante, a diferencia de otros, que hasta están exentos del pago del agua”, completó.