Tanto los legisladores como los miembros del gabinete del presidente Javier Milei cumplieron con abandonar la discusión mediática para tornar conducente el intercambio de opiniones, adelantando posiciones que tendrán incidencia en el proyecto que finalmente se trate en el recinto. La apertura de la discusión fue promisoria pero el destino de la llamada ley ómnibus, que propone una profunda reforma del Estado, no puede anticiparse. Centenares de preguntas han comenzado a formularse; hay coincidencias respecto de las inquietudes planteadas y en el reclamo de abrir la participación a todos los sectores que se sienten afectados. No hubo sorpresas en apoyos y reparos pero sí en las consideraciones que los sostienen.

Es que el debate que se puso en marcha arrancó con un análisis de los fundamentos de las iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo más allá de la declaración de desregular una economía en crisis. La intención de lograr la delegación de facultades legislativas para “llevar a cabo reformas de difícil ejecución” como se dijo en el plenario, muestra la pretensión de alcanzar la suma del poder público, según lo interpretación de parte de la oposición, aquella que no está dispuesta aprobar el proyecto de ley ni el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia, con el que se inauguró la etapa de reformas del gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado.

El momento más alto del tramo inicial del trabajo de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales se alcanzó cuando el procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra -uno de los inspiradores del instrumento de la reforma- describió la línea vertebral de la filosofía de la reforma.  “Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis y actuaciones de crisis”, dijo antes de lanzar una advertencia temeraria: “si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente”. El resto transitó por cuestiones también significativas pero menos relevantes. Los funcionarios dejaron entrever que podrían modificarse algunas propuestas pero se mostraron intransigentes respecto de interrumpir la tarea de desenredar la apretada maraña de regulaciones.

Tras las primeras horas de debate se puede concluir que de lo que se trata es de encontrar el equilibrio entre autoridad y libertad. Para el gobierno libertario más gobierno es  menos libertad pero "cuanto menos gobierno, también habría menos libertad porque nadie la protegería". A la contradicción la resuelve el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las acciones de los hombres están exentas de la autoridad del Estado, “en tanto no ofendan el orden y la moral públicas ni perjudiquen a un tercero”. Desde otra vereda se observa que el equilibrio que debe alcanzarse es entre Estado y mercado, para que el hombre común pueda ejercer su libertad. Además, se entiende que la única solución es política; se sale con consenso.

Habrá cambio. Solo debe determinarse su profundidad.

Salta, 10 de enero de 2024