La amplitud y profundidad del cambio que emerge del Decreto de Necesidad y Urgencia presentado en diciembre y el proyecto de ley ómnibus, tema vertebral del período de sesiones extraordinarias vigente hasta el 31 de este mes, se expresa en la necesidad de gestiones particulares de cada provincia. Cabe recordar que el que hizo la punta en esta práctica es el gobernador Gustavo Sáenz, quien -finalmente- armó una liga propia de colegas, representantes de alianzas políticas distritales, con la intención de no confrontar con el gobierno nacional.

Al igual que los mandatarios de Río Negro y Neuquén, que fueron a advertir los riesgos que generaba a una importante industria costera las reformas propuestas a la regulación de la pesca, se está movilizando el noroeste por la derogación de la ley del azúcar y la apertura de importaciones de bioetanol. Pero fue en la persona del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que llegaron al Ministro del Interior Guillermo Francos los reclamos y advertencias por los perjuicios que generarán las disposiciones contenidas en la normativa generada en el Ejecutivo Nacional.

En esa línea hay dos temas en lo que seguramente está trabajando el Gobierno salteño y sobre los que la semana anterior, el sector privado productivo encendió las alarmas. El Centro Azucarero Argentino y la Coviar dieron cuenta de su rechazo a las propuestas que deberá tratar el Congreso.

El Centro Azucarero advirtió que el proyecto de "Ley ómnibus" contiene "dos iniciativas que ponen en riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino". Pidió evitar un golpe irreversible para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a casi 60 mil trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores. Indicó que las leyes que se proponen derogar no son proteccionistas sino preservacionistas de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial. A diferencia de otras regiones del mundo, la argentina no es una producción subsidiada. Respecto de los biocombustibles, se está planteando en el polémico proyecto la interrupción de un régimen con vigencia hasta el 2030, afectando la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera.

Por el lado de la vitivinicultura, la Corporación Vitivinícola Argentina y los ministros de la Producción de Mendoza y San Juan ya se reunieron con el secretario de Bioeconomía para expresar el rechazo del sector al proyecto de ley que reinstala las retenciones con una alícuota del 8% para todos los productos exportables de una actividad hoy presente en 18 estados argentinos. Para Salta es significativa esta modificación.

La representación legislativa de la provincia está fragmentada pero mayoritariamente se alinea en un apoyo crítico a la propuesta de La Libertad Avanza. Lo que se espera es que en la defensa de los intereses salteños, el gobierno no llegue tarde a ninguna instancia de negociación.

Salta, 08 de enero de 2023