Víctimas
El gobierno nacional cierra la semana ocupado en resolver el ajuste de las jubilaciones y pensiones. Lo hará por decreto entendiendo que se trata de una cuestión que no puede seguir esperando una resolución y lo llevará adelante en los términos que había sido planteado en el proyecto de ley ómnibus que naufragó en el Congreso. La decisión fue inscripta en el marco de confrontaciones frecuentes del Presidente con el Congreso.
En los términos anticipados, las jubilaciones se incrementarán por inflación a partir de abril y se otorgará por única vez un ajuste adicional, del 14% para compensar el costo de vida de febrero.
La decisión de disponer por DNU una nueva fórmula de movilidad jubilatoria fue anunciada inmediatamente después de un interesante debate de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados de la Nación que, tras el fracaso de una sesión especial para tratarlo, dispuso encarar la cuestión para sancionar una norma el próximo mesl si fuese posible. Se reconoció en el encuentro la urgencia que demanda el atraso que registran los ingresos de los jubilados, “ vapuleados por la inflación”.
Precisamente la primera jornada de trabajo de la comisión luego de su integración fue la exposición por parte de sus autores de los 16 proyectos que se presentaron desde la habilitación del período ordinario de sesiones. Esa tarea permitió que se analicen distintos aspectos de una problemática que se reconoce como una injusticia social sin justificaciones razonables, cuyo tratamiento venía demorado porque se lo colocó en el cúmulo de cuestiones que deben acordarse entre la Nación y las Provincias.
La apertura de una discusión que se preveía iba a extenderse en el tiempo sirvió para analizar datos concretos, como que los haberes jubilatorios perdieron 46% en los últimos meses. En ese orden se coincidió en que el fracaso de la fórmula vigente se expresa en el pago de un bono compensatorio en casi 30 oportunidades, para sostener el haber mínimo; el resto de la escala salarial del sector pasivo quedó distorsionado por una resolución demagógica a un problema que no para de crecer. El esfuerzo no evitó que con bono o sin él, entre un 10 y un 20% de los ingresos del sector se ubica por debajo de la línea de pobreza.
Otra coincidencia que se evidenció en el intercambio de opiniones, dando cuenta que el tema entre manos no respondía a intereses partidarios, es que cualquier decisión debe partir de la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones y luego determinar cómo preservarlo. Una de las propuestas de máxima surgió del bloque de izquierda, que partió de reconocer que los ingresos en análisis tienen valores de indigencia y para esos niveles de subsuelo no alcanza siquiera el incremento por inflación. De allí el planteo de un haber mínimo igual que la canasta básica establecida por la Defensoría de la Tercera Edad, que ha sido recalculado en más de 680 mil pesos. En ese punto surgió la referencia al 82% móvil del haber del trabajador en actividad, un vínculo que tiene sustento judicial ya que hasta la Corte Suprema falló en ese sentido. Desde el kirchnerismo se abogó por mantener la fórmula de actualización vigente pero sumando una cláusula gatillo para equilibrar el impacto inflacionario.
Las propuestas denotan el reconocimiento del atraso que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 28% interanual. Más grave es el impacto en los haberes no alcanzados por los bonos ya que tuvieron una reducción real de 43% interanual durante el primer bimestre de 2024.
Debe destacarse que cualquiera sea la forma con la que se atienda la postergación de un colectivo social de extrema vulnerabilidad, no se podrá demorar su tratamiento. El aumento de esos haberes debe sustraerse de una puja política que convirtió en víctimas a quienes entregaron sus esfuerzos sin retaceos.
Salta, 22 de marzo de 2024
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