Según afirmó por Aries, la edil Paula Benavides, esta medida, no buscaba en sí mismo controlar las infracciones de tránsito, sino que “tenía fines netamente recaudatorios desde el inicio”.

Benavides recordó que tanto el Concejo Deliberante, como el Tribunal de Faltas cuestionaron la legalidad del proyecto en sus orígenes,  sin embargo, a pesar de las objeciones, se avanzó con una licitación, la cual fue ganada por el hijo del presidente de la cuestionada Cecaitra (Cámara de Empresa de Control y Administración de Tránsito de la República Argentina),  Marino García,  a través de la empresa DETECTRA.}

El Tribunal de Faltas, posteriormente, había emitido un pronunciamiento conjunto, indicando que el sistema de fotomultas no se ajustaba al marco legal ni a la Ordenanza que adhiere a la ley nacional, porque “después de la captura de una infracción por cámara, debe haber un control presencial por parte de personal debidamente identificado para labrar el acta correspondiente”, explicó. 

En este contexto, informó que cualquier persona que hubiera recibido una multa a través de este sistema podría impugnarla ante la justicia municipal, argumentando su ilegalidad. “A pesar de las advertencias del Concejo Deliberante, del propio intendente electo Emiliano Durand y del Tribunal de Faltas, la Intendencia decidió avanzar con su implementación”,  manifestó la concejal. 

Una de las críticas más fuertes provenía del hecho que no hay convenio que establezca cómo se distribuiría la recaudación generada por estas multas. Según se conoció el 45% iría directamente a la empresa encargada del sistema, práctica prohibida por la ley nacional, que inhibe dar porcentajes a terceros que constaten infracciones de tránsito.