Coincidiendo con esa institución, no hay dudas que la situación social que vive la Provincia merece la preocupación y la esperanza con la que reflexionaron los sacerdotes. También justifica una sucesión de reuniones que viene manteniendo el Gobernador de la Provincia para salir de la encerrona en la que quedó por su incapacidad de dialogar.

Con una ley criticada incluso más allá de las fronteras de la Provincia, trata de sumar adeptos que sostengan que el ejercicio de derechos debe observarse al margen del contexto en el que se inscriben hechos sociales trascendentes. La convocatoria a la CGT apuntó a que el movimiento obrero participe de la reglamentación de una norma que regula la protesta social, que una Legislatura bajo su control sancionó en horas, sin la mirada de especialistas que eviten errores técnicos y jurídicos. También reunió a directivos de cámaras empresarias para que sean los voceros de la demanda de una parte de la sociedad, que siente afectados sus intereses cuando otra se excede en la manifestación de sus reclamos.

En ambos casos logró el compromiso de atender una problemática social de profundas connotaciones. Se escucharon expresiones que destacan la responsabilidad del Gobierno en la resolución de la compleja situación. “A quienes producimos, nos tienen que cuidar para que podamos pagar impuestos y darle trabajo a más gente para tener un Estado próspero”, se dijo; también se informó que se le exigió al Gobernador que se haga respetar el derecho a circular y trabajar y que se pidió “a las autoridades que correspondan, Justicia incluida, que esto se resuelva”

La Iglesia se ubicó cercana “al sufrimiento de los trabajadores que llegan a fin de mes y no logran ver recompensado sus esfuerzos con el reconocimiento económico y social digno de su labor” y expresó su dolor por los abuelos y por niños, jóvenes y familias vulnerados en sus derechos a una educación digna y humanizadora. La violencia y la incapacidad para dialogar fueron cuestionadas como así también la división que genera entre conciudadanos el conflicto de derechos y deberes.

Al convocar a un día de ayuno y oración para el próximo viernes, la Iglesia expresó su perplejidad ante una situación que revela un preocupante grado de anomia y anarquía que no predispone a recorrer caminos de progreso legítimo y sostenible. Reconociendo que se debe lograr la amistad social exhortó a que como ciudadanos cada uno asuma sus responsabilidades. Pidió un dialogo claro y responsable, el testimonio de honestidad, la capacidad de ser creativos y proactivos y la conciencia de la fraternidad ciudadana.

Salta no es una excepción en la crisis generalizada que agobia a la Nación pero está sonando la hora de que emerjan liderazgos sólidos, que se posicionen sobre las mezquindades individuales y sectoriales, que se potencian en tiempos electorales. La creciente intolerancia social necesita respuestas a demandas legítimas que cargan contradicciones que deben enfrentarse con sabiduría y humildad.

Ningún sector tiene más derechos aunque algunos cargan más responsabilidades. Se reconoce la legitimidad de los reclamos y se cuestionan los excesos. Entre esos extremos y a un mes de instalado un clima de conflictividad, se debe encontrar –ya con cierta premura- el camino que lleve a la paz social.

Salta, 07 de junio de 2023