Esa sanción fue tratada sobre tablas, esto es sin que el proyecto pase por las comisiones que están conformadas para analizar los proyectos legislativos en los que normalmente ese paso legislativo sirve para valorar la pertinencia de la posible ley. En esa tarea se puede desechar el proyecto, aceptarlo, modificarlo e inclusive enriquecerlo. Las tareas de las comisiones legislativas son imprescindibles para llevar al plenario, que es el tratamiento definitivo en la sesión de las cámaras, esto es un proyecto de ley revisado. Los reglamentos de las cámaras prevén el tratamiento llamado sobre tablas cuando la presentación de un proyecto es contemporánea a su tratamiento y existe urgencia en tratarlo.

El proyecto en cuestión fue presentado en la Cámara de Diputados el día 26 de abril de  2022 por las diputadas María Cristina Fiore Viñuales y María del Socorro Villamayor. Es decir que a la fecha del tratamiento sobre tablas, sin pasar por las respectivas comisiones, se trató el martes 30 de Mayo de 2023,  un año y un mes después de haber sido presentado como proyecto de ley. En ese dilatado tiempo más que suficiente  podría haberse tratado en distintas comisiones que hubieran valorado y emitido dictamen sobre ese proyecto. Sin embargo se discutió sorpresivamente el mismo día en que concurrió el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo a una reunión en la Cámara con el presidente y algunos diputados en horas de la mañana.

Si, es sorprendente que en medio de la protesta de un amplísimo número de  docentes, miembros del sector de la salud y ciudadanos comunes que se unieron en  reunión, se desempolvara un proyecto de tal magnitud y se dispusiera su sanción entre gallos y media noche, lo que claramente determina que lo hicieron para acallar la protesta.

De la lectura de las exposiciones de los legisladores que apoyaron el proyecto se refirieron como determinante al derecho a la circulación, que se veía entorpecido por la protesta actual, lo que directamente le da al proyecto una vinculación con la protesta actual, como una herramienta para acallar a los protestantes actuales y no como un trabajo de elaboración legislativo en un marco de profunda discusión ajena al ajetreo del momento.

Es muy inconveniente para un sistema de convivencia democrática que se dicte una norma de controvertida constitucionalidad sin el estudio adecuado de ella en un clima de ejercicio democrático del derecho a la expresión, reunión y protesta con el supuesto perjuicio a la circulación, en un exceso legislativo que fulmina prácticamente esos derechos, transformándose la Provincia de Salta en la única provincia que aprueba una ley de esa envergadura. 

Hoy está en manos del Gobernador de la provincia vetarla totalmente, parcialmente o corregirla para que los derechos enunciados no sean cancelados en nuestra Salta.