Opinión05/06/2023

Margen

El miércoles 14 y el sábado 24 de este mes son dos fechas que apuran definiciones ajenas a las cuestiones que efectivamente están preocupando a la mayor parte de la sociedad. Son de gran importancia institucional al punto que el alto grado de conflictividad social en la provincia no logra frenar el cronograma electoral nacional que tiene en esas fechas dos referencias ineludibles.

Hasta la próxima semana, cada espacio político que va a participar en las PASO del 13 de agosto debe estar constituido pues vence el plazo de su inscripción y en veinte días más se cerrará el registro de listas de candidatos. No sólo se trata de listas para ocupar cuatro bancas de diputados nacionales por Salta sino del alineamiento detrás de precandidaturas presidenciales.

Frente a esta instancia electiva, coincidente con el cuadragésimo aniversario del retorno de la democracia, se despliega un complejo panorama en el que la decisión sobre el próximo gobierno no será lineal. Será el resultado de un tránsito por vericuetos donde los aspectos ideológicos y doctrinarios no estarán en el cimiento de su construcción.

Entre el proceso electoral y la angustia ciudadana hay un punto de coincidencia. El electorado tratará de encontrar en las urnas lo que resuelva los problemas de gravedad inusitada que han tornado incierto el futuro del país. La inflación, que se está devorando la moneda, genera la discutible defensa de los ingresos por la vía de los incrementos salariales y esa lucha está perturbando la relación entre los gobiernos y la sociedad.

Salta es uno de los ejemplos de lo que hasta octubre, cuando se proceda a la elección presidencial y reforma parcial de la integración del Congreso, puede suceder en todas las provincias. A un gobierno que hace 20 días fue reelecto se le está reclamando lo que ya declaró no puede dar porque no hay recursos para cubrir las demandas de sectores laborales. Y es solo el principio ya que a la puja que sostiene con docentes y personal de salud se irán sumando otros sectores laborales.

El impacto sobre el desenvolvimiento de servicios esenciales se sumará a la ralentización o paralización de obras por las dificultades del gobierno nacional en girar en tiempo y forma recursos comprometidos. La caída del consumo y la incipiente recesión tendrá su reflejo en la recaudación fiscal. 

Otra decisión de la administración central, comunicada al cierre de la semana anterior, es la restricción a obtener dólares para pagar vencimientos de sus títulos emitidos. Cabe recordar que en febrero de 2021, Salta refinanció una deuda de 350 millones de dólares, por la que en 2016 había emitido títulos, con vencimiento inicial en 2024. El acuerdo trasladó a este año el inicio del pago, que se extiende en 10 cuotas hasta 2027. Más allá de previsiones que seguramente están adoptadas, no hay margen de error hasta que una nueva política económica se debata y se vote en los meses subsiguientes.

Liberado de la tensión de elecciones provinciales, el espinel político provincial –enervado por una serie de acontecimientos de orden social- tampoco tiene margen de error para el armado de la oferta electoral que se votará en agosto y configurará la de octubre.

Solo tendrán cabida las expresiones que convoquen al trabajo conjunto, al esfuerzo en pos de propuestas realistas y ordenadas según prioridades. No es el momento de liderazgos mesiánicos ni  de proyectos omnipotentes sino de causas comunes que muestren efectividad a la hora de la resolución de las dificultades que muestra la realidad política, social y económica.

Salta, 05 de junio de 2023

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