Rallé reconoció que la Ley de Ficha Limpia tiene “vacíos legales”

La aparición de nombres como los de Manuel Cornejo o Juan Rosario “Chicho” Mazzone en la lista de candidatos para las elecciones del 14 de mayo, generaron polémica porque fueron acusados en la justicia por casos como fraude en administración pública o corrupción de menores.

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Si bien en Salta se sancionó la Ley de Ficha Limpia durante el 2021 que regula quiénes podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales, muchos escapan a la especificación de tener sentencia judicial en segunda instancia. 

“Cuando hicimos la Ley Ficha Limpia teníamos una idea, un espíritu, una razón y dejamos, sin querer, vacíos legales que lamentablemente hoy los va a tener que subsanar la Justicia” reconoció el diputado Germán Rallé en comunicación con “Estilo Desafío” por Aries.

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Sobre la candidatura de Mazzone, Rallé opinó "sin juzgar" que “cuando un ser humano se acostumbra a malas prácticas es difícil que cambie” pero que hoy “lo tiene definir la justicia electoral y el pueblo de El Bordo”.

“Cuando uno se pone a ver a nivel nacional algunas cuestiones que están pasando con productores de televisión, con artistas, donde se habla de abuso de menores, a uno le pone en un dilema moral si correspondería que alguien que fue juzgado por la misma causa pueda gobernar con la mima autoridad moral un pueblo”, manifestó el legislador y agregó “no tenemos que hacer una ley para impedir, se tiene que legislar leyes generales que prevean acciones que afecten la moral y el buen uso de la autoridad política”.

En este sentido, Rallé presentó una nueva iniciativa que contó con la firma de más de 18 diputados, incluyendo el presidente de la cámara, a fin de modificar el artículo 1 de la Ley N° 8.275. “Nos dimos cuenta que la ley había dejado algunos puntos negro que había que subsanar. Si bien no va a ser aplicable para estas elecciones, tiene que ser un precedente”.

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Sobre el nuevo proyecto el diputado explicó que busca contemplar “penas que van más allá de la condena, penas sancionatorias que indudablemente va a fortalecer esa condena judicial, por ejemplo alguien que fue condenando por 3 o 4 años por default con administración pública tiene la misma cantidad de tiempo para penar no pudiendo ser candidato”.

Tomando como modelo el proceso judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández, Rallé aspiró a “buscar ese equilibrio de la condena con aquel que quiera desempeñar en igualdad de condiciones un cargo y que haya sido sancionado” porque “muchas sanciones que la justicia determina no dan sanciones políticas”.

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