Sin aguardar un eventual cambio de gobierno, en el Concejo Deliberante se afirma la voluntad de revertir la decisión del Ejecutivo Municipal respecto de la tasa municipal inmobiliaria. El aumento que se generó en la Ordenanza Tributaria aprobada en diciembre pasado pero la aplicación no expresa la voluntad del cuerpo legislativo.
Opinión22/03/2023
El mecanismo utilizado por la intendencia para facturar dicha tasa resultó en incrementos que superaron en la mayoría de los casos el 150%, porcentual que duplica el incremento del valor de la Unidad Tributaria aprobada por los ediles y llega hasta un 800% en inmuebles de zonas populares. En el debate, los concejales consideraron razonable el ajuste del 77% que representa llevar en 2023 de $36 a casi $65 el monto y disponer otro aumento de un 30% a partir de julio.
No hubo una aplicación llana de esa variación. Un estudio del analista Nicolás Bignante marca tres momentos en un proceso que no tiene cien días pero ha llenado de angustia a un importante sector de la población capitalina y obliga a los concejales a lograr su suspensión. El primero fue la sesión del Concejo en la que se aprobaron la ordenanza presupuestaria y la tributaria. Del debate público no surgían mayores reparos atento a las proyecciones de la inflación para este año.
El segundo momento es la decisión del Ejecutivo Municipal de aumentar la cantidad de unidades tributarias que deben pagar los inmuebles. La tasa mínima subió de casi 3 a 7 unidades, lo que suma un ajuste de 150% por sobre el 77% dispuesto en la Ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante.
Por último, una resolución fechada el 2 de enero recategoriza a más de 21 mil matrículas de la categoría 5, a las que elevó a la 4 con un aumento significativo en el valor de la tasa inmobiliaria. Esta decisión se funda en la cesión de la facultad de actuar en ese sentido en los casos en que se verifique un mejoramiento en la prestación de servicios y obras municipales.
Apenas iniciado el período legislativo, el Concejo intentó remediar el estropicio producido por el afán recaudatorio de la gestión de la intendenta Bettina Romero y solicitó al Ejecutivo que suspenda los pagos y las distribuciones de las boletas, hasta tanto se proceda a dejar sin efecto la recategorización. También requirió que se realice un estudio claro y pormenorizado previo a la modificación de categoría autorizada y una aplicación progresiva y razonable.
No hubo respuesta hasta el momento por parte de la jefatura municipal lo que ha llevado a que el cuerpo deliberativo pretenda avanzar en decisiones más resolutivas dentro de sus facultades. Una de ella es, precisamente, recuperar la atribución de ser el que disponga los cambios, en base a una comprobada mejora.
Es importante que todo lo que se actúe en ese orden no se confunda con una propuesta de campaña electoral, lo que no es sencillo teniendo en cuenta que todo el Concejo se va a renovar el próximo 14 de mayo y muchos de los actuales tenedores de bancas tienen la legítima aspiración de repetir mandato. En ese orden, esta semana es muy significativa ya que cada espacio político está definiendo sus listas de candidatos.
La cuestión fiscal no puede constituir un recurso electoralista ni ser objeto de propaganda. Las bases de su naturaleza son de carácter constitucional y prometer una política tributaria justa, razonable, equilibrada respecto de su finalidad –que es la financiación de las prestaciones del gobierno municipal- no sería más que una redundancia. Prometer tasas bajas o su eliminación, sería demagogia.
La exigencia del momento es corregir las desviaciones si las hubiera.
Salta, 22 de marzo de 2023
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