“Cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático”. Tal es lo que señala el Preámbulo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, aprobada en octubre del año 2000.
Opinión27/02/2023
La afirmación resulta oportuna frente a la denuncia por amenazas y coacción formalizada por la intendenta capitalina Bettina Romero ante la justicia federal. Se sumó a las presentadas por otros referentes políticos contra las llamadas fake news, que se tramitan en la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia, pero el despliegue realizado por la funcionaria mostraron intenciones distintas a las de sentar un precedente en un año electoral, como declarara.
La titular del Ejecutivo Municipal informó que presentó como prueba una lista de más de un centenar de portales creados en los últimos tres años, que “están pertrechados de recursos a la luz de que varias publicaciones están pautada”. A través de su abogado reveló nombres de personas que serían responsables de la difusión de noticias falsas. Dejando de lado el hecho que es una funcionaria, se parapetó detrás de su condición de mujer, joven, esposa y madre para denunciar los ataques.
Es que Bettina Romero sabe que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”, como expresa el Undécimo Principio de la Declaración de la Organización de Estados Americanos, elaborada para reafirmar el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce a la libertad de expresión como uno de ellos. Su pleno ejercicio es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público y la crítica política con frecuencia comporta juicios de valor.
En un dictamen al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que “en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas – y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”. No es el caso de la Intendenta, que ve intenciones de perjudicarle en esas críticas y pide que la Justicia investigue la ruta del dinero usado para promover lo que califica como una campaña sucia y que los responsables rindan cuentas.
El derecho a la libertad de expresión requiere de la libertad de prensa como un instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es lo que expresan los fundamentos de los Principios establecidos por el organismo internacional, que ratifican que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.
Las advertencias, las denuncias o la judicialización de información u opiniones bien pueden ser consideradas formas de censura y como tal, rechazadas de plano. Es responsabilidad de los medios y de los periodistas defender el rol de vigilancia pública del periodismo, evitando que el propósito de autoridades públicas de acallar críticas, tienda un manto de dudas sobre la tarea de la prensa, cuando se expresa en opiniones negativas. La intendenta Bettina Romero debe respetar el disenso y ubicarse en su función, que no es la de controlar las opiniones.
La buena imagen se construye con una buena gestión y no disciplinando a quienes marcan falencias e incumplimientos.
Salta, 27 de febrero de 2023
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
La Patria libre volvió a cumplir años. Vengo de la querida vecina provincia de Tucumán, donde —como desde tiempos inmemorables— se volvió a vivir la emocionante liturgia de una de las fechas más simbólicas del calendario nacional.
A 209 años de un acto que definió la existencia de la Nación Argentina, se toma el peso de un proceso que no ha concluido. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de la corona española y se renunció a cualquier forma de dominación extranjera. Fue el primer paso.
La política salteña está convocada a una importante tarea en defensa de los intereses de la provincia. Frente a un modelo de administración que refuerza el centralismo a costa de un interior heterogéneo, cada sector debe sentar posición sobre avances reales y al margen de definiciones discursivas.
Lo que está en juego cuando el poder no tiene memoria.
El director del INTI Salta, destacó el respaldo de más de 200 cámaras industriales y 1000 pymes a la labor del instituto, y explicó cómo se trabaja a demanda de los gobiernos y entes provinciales, sin fines de lucro.
Sergio Camacho, a cargo de Enlace y Relaciones Políticas, afirmó que el gobernador aún no definió alianzas, aunque se afirme en off.
El titular de ADP, Fernando Mazzone, advirtió que no descarta un paro docente si el Gobierno no mejora la oferta salarial tras las vacaciones.
La decisión fue comunicada por carta documento y afecta a pacientes y trabajadores de Tisec S.R.L., la empresa prestadora. Denuncian que no hubo comunicación previa ni plan alternativo para la atención de los beneficiarios.
Trabajadores del Hospital Militar convocan a una movilización el próximo lunes 14, en rechazo a la decisión de cerrar el centro de salud, lo que dejaría a 100 empleados sin trabajo y a miles de jubilados sin atención médica.