La afirmación resulta oportuna frente a la denuncia por amenazas y coacción formalizada por la intendenta capitalina Bettina Romero ante la justicia federal. Se sumó a las presentadas por otros referentes políticos contra las llamadas fake news, que se tramitan en la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia, pero el despliegue realizado por la funcionaria mostraron intenciones distintas a las de sentar un precedente en un año electoral, como declarara.

La titular del Ejecutivo Municipal informó que presentó como prueba una lista de más de un centenar de portales creados en los últimos tres años, que “están pertrechados de recursos a la luz de que varias publicaciones están pautada”. A través de su abogado reveló nombres de personas que serían responsables de la difusión de noticias falsas. Dejando de lado el hecho que es una funcionaria, se parapetó detrás de su condición de mujer, joven, esposa y madre para denunciar los ataques.

Es que Bettina Romero sabe que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”, como expresa el Undécimo Principio de la Declaración de la Organización de Estados Americanos, elaborada para reafirmar el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce a la libertad de expresión como uno de ellos. Su pleno ejercicio es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público y la crítica política con frecuencia comporta juicios de valor. 

En un dictamen al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que “en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas – y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”. No es el caso de la Intendenta, que ve intenciones de perjudicarle en esas críticas y pide que la Justicia investigue la ruta del dinero usado para promover lo que califica como una campaña sucia y que los responsables rindan cuentas.

El derecho a la libertad de expresión requiere de la libertad de prensa como un instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es lo que expresan los fundamentos de los Principios establecidos por el organismo internacional, que ratifican que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.  

Las advertencias, las denuncias o la judicialización de información u opiniones bien pueden ser consideradas formas de censura y como tal, rechazadas de plano. Es responsabilidad de los medios y de los periodistas defender el rol de vigilancia pública del periodismo, evitando que el propósito de autoridades públicas de acallar críticas, tienda un manto de dudas sobre la tarea de la prensa, cuando se expresa en opiniones negativas. La intendenta Bettina Romero debe respetar el disenso y ubicarse en su función, que no es la de controlar las opiniones. 

La buena imagen se construye con una buena gestión y no disciplinando a quienes marcan falencias e incumplimientos.

Salta, 27 de febrero de 2023