El impacto de la reducción de subsidios nacionales era previsible y la falta de definición del Congreso, respecto de un régimen tarifario diferencial para zona cálida, desencadenó una intensa movilización social  que empezó en Orán, se extendió a San Martín y se sigue expandiendo. Y se superpuso a la generada por la deficiente prestación del servicio de agua potable.

Desde su reasunción adelantada del mando gubernativo, tras un breve período de vacaciones, Gustavo Sáenz tomó las riendas del manejo de la crisis hídrica. En la primera semana de enero instruyó a reforzar las acciones para mitigar los efectos de la sequía y de la falta de obras para resolver los problemas de infraestructura. En principio, se apuntó la construcción de pozos someros y  al incremento del reparto de agua, en camiones. Además se ordenó ampliar el control de precios de bidones, por entonces objeto de especulación por parte de los proveedores.

La preocupación del mandatario creció cuando desde la semana pasada los usuarios convirtieron en medidas de acción directa sus reclamos por la elevada facturación de electricidad, un insumo imprescindible para enfrentar las elevadas temperaturas estivales. De allí que esta semana empezó con un Decreto de Necesidad y Urgencia, a través del cual  endureció la sanción económica contra EDESA por los aumentos en la facturación en los departamentos de Orán y San Martín.

El instrumento readecua el marco de proporcionalidad que debe existir entre la falta cometida y la sanción que corresponda aplicar por las diversas contingencias que se han suscitado en las prestaciones de servicios. Las que estaban vigentes eran irrisorias y habían obligado, a instancias del Ente Regulador de Servicios Públicos –que tiene potestad sancionatoria- a una reforma de la normativa vigente mediante un proyecto de ley que logró media sanción del Senado. La morosidad de Diputados obligó al Gobernador a ejercer su facultad legislativa. 

Tras cartón hubo decretos comunes disponiendo la reducción de la facturación por seis meses a los usuarios de Edesa de los departamentos de Orán y San Martín. En ese plazo se debe realizar la auditoría de facturación dispuesta por el Ente y no se podrá suspender o interrumpir el servicio. Tampoco podrán ejecutar acciones de cobro o restringir los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

Y este jueves, el Ejecutivo dispuso la creación de la "Bonificación de tarifa para zonas cálidas" y extendió el beneficio, además de los departamentos de Orán y San Martín, a Anta y Rivadavia. Se trata de una compensación por la desventaja e inequidad respecto a otras jurisdicciones, que generan temperaturas que superan, de manera constante, los cuarenta grados. La reacción del gobierno, por ahora, no alcanzó para distensionar la situación; los usuarios siguen movilizados porque quieren la estatización del servicio. 

Los voceros de la protesta dejaron entrever que hay un sesgo electoralista en las medidas. Y exageran sus demandas dejando de lado consideraciones de orden legal que rigen la concesión de los servicios.

Las elecciones no deben ser consideradas un pretexto para correr los límites de la convivencia civilizada que exige la democracia.

Salta, 20 de enero de 2023