Con setenta casos informados oficialmente por las autoridades sanitarias de la Provincia, la supuesta existencia de un brote de salmonella en Salta ha repercutido en el Congreso de la Nación. El control del problema fue destacado como una cuestión clave de la gestión local, poniendo en evidencia que no hay carencias fundamentales para un control eficaz.
Opinión11/01/2023
A través del área de Coordinación Epidemiológica se reconoció que la cuestión vinculada a las enfermedades transmitidas por alimentos es de larga data y constituye actualmente un tema prioritario en la agenda de trabajo. El coordinador, Francisco García Campos, reveló que hay investigaciones y se hacen trabajos interdisciplinarios para determinar dónde cortar la cadena de propagación. De ahí el control de múltiples aristas de factores intervinientes como el agua, los alimentos y su manipulación, que a la luz de los resultados se ha manifestado como insuficiente.
Hay una certeza: a partir de los análisis realizados se ha determinado que no hay salmonella en el agua de red. Sin embargo, la aclaración respecto de la intervención del Instituto Malbrán y del Instituto Nacional de Alimentos, en el perfeccionamiento de técnicas de filtrado del agua, la relativiza.
En una Cámara virtualmente paralizada, la diputada nacional por Salta Virginia Cornejo presentó un proyecto de resolución para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional de cuenta si se encuentran plenamente informados de los casos de salmonella en la provincia de Salta y en el resto de las provincias del NOA. La intención no pareciera ser solamente informativa.
La política sanitaria es facultad exclusiva y excluyente del Estado provincial aunque hay un campo de colaboración y coordinación con su par nacional. En el proyecto solicita saber si “se ha comunicado el Gobernador o el ministro de la Provnicia con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, para comunicarles y solicitarles asistencia relacionado con este grave problema, como lo califica. Y avanza a determinar si existe algún plan de contingencia para frenar, contener y resolver esta posible epidemia de salmonella, pidiendo detalles del mismo.
En sus fundamentos, la legisladora del PRO denunció que los funcionarios del área de Salud han mostrado en los medios “una débil preocupación por los efectos y la gravedad de la posible epidemia de salmonella”, informando meramente que se monitorean los casos. Aprovechó la circunstancia para cuestionar la política sanitaria de Gustavo Sáenz, calificándola de facilista.
Cualquier acción que se refiera a la salud pública es positiva, en tanto sea conducente. Su ámbito supera la cuestión médica y avanza, incluso, sobre prácticas culturales. Es el caso de la costumbre salteña de comprar alimentos en la calle.
En ese punto, urge demandar una atención más acabada por parte del gobierno municipal, ya que se es atribución del mismo determinar las normas relativas a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad y controlar su aplicación, para lo que la Carta Orgánica lo habilita a reglamentar el funcionamiento de la oficina química, bromatológica y veterinaria.
No solo es responsabilidad ciudadana controlar lo que va a su boca.
Salta, 11 de enero de 2023
Los dedos de la mano alcanzan para contar los días que faltan para que el sufrido ciudadano argentino ejercite su calidad de elector y modifique la integración del Congreso de la Nación. Decenas de fuerzas políticas en todo el país han salido en su búsqueda y centenares de candidatos tratan de seducir a los votantes con mensajes que básicamente los muestran como la solución a todos los problemas del país. Y así debiera ser porque por acción u omisión los han generado.
Hace mucho tiempo que una elección intermedia como la del próximo domingo no reviste tanta importancia para los salteños y para todos los argentinos. Lo resumo en una línea, si gana el gobierno nacional la que pierde no es la casta, es la gente. La gente como vos, como tus viejos, como tus amigos. La gente que espera respuestas.
La violencia de las campañas, que vienen caracterizando los procesos electorales en distintos lugares del mundo, se está manifestando en el país. La Provincia no es una excepción y en una sola jornada se denunciaron dos hechos preocupantes.
A días del cierre de la campaña electoral, se van sumando razones para que los ciudadanos definan su voto. No son consignas publicitarias; son exhortaciones con fuertes fundamentos, al punto que algunas suenan a extorsiones.
A esta semana la empecé en el corazón de Sudamérica, en el norte salteño, más precisamente en Orán. Ese lugar que desde Buenos Aires se ve tan lejos y que para Salta representa uno de los motores productivos para el desarrollo del Norte Grande. Fui invitado por los convencionales municipales para participar de una sesión especial en la que se empezó a debatir la nueva carta orgánica de la ciudad cabecera del departamento.
La mayor parte de las expectativas generadas por la reunión bilateral de los presidentes Javier Milei y Donald Trump no se cubrieron y los mercados de inmediato reaccionaron negativamente. En tanto, logró dictamen el proyecto de ley para declarar la emergencia de las pymes en la Argentina.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.