La defensora oficial N°4, Natalia Buira, ratificó sus dichos contra el accionar de la jueza Ada Zunino y cuestionó a la justicia salteña.
Judiciales29/11/2022
Belén Herrera
La defensora oficial Natalia Buira hizo referencia en El Acople a su denuncia por violencia de género contra el juez de Personas y Familia, Víctor Raúl Soria, caso que derivó en sus cuestionamientos al desempeño de la jueza de Garantías Nº 1, Ada Guillermina Zunino, la cual la intimó recientemente.
Buira recordó que la denuncia contra Soria fue radicada en 2018, llegó como denuncia administrativa en Superintendencia de la Corte de Justicia, pero no prosperó. “Usted no tiene la estatura moral para denunciarme a mí”, habrían sido las palabras que Soria profirió hacia su persona en una oportunidad.
En marzo de 2021, la violencia llegó a la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género del Poder Judicial. Un equipo interdisciplinario emitió un informe de riesgo y recomendó a la jueza interviniente que decrete la prohibición de acercamiento de Soria. Tras una serie de fallos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dictó la prohibición de acercamiento.
Frente a la intimación de la jueza Zunino, Buira ratificó sus dichos y aseguró que fueron dirigidos su accionar como magistrada, remarcando que “intervino en muchos casos sin tener perspectiva de género”.
Además, insistió en su cercanía al juez de la Corte, Guillermo Catalano. “Eso es conocido en Ciudad Judicial. Tal es así que la jueza Zunino atravesó dos jury, que yo conozca, que le hacen Chibán, Vázquez y Mimessi porque defendió públicamente al ex diputado Kuldeep Singh, y Catalano se excusó de intervenir por esa cercanía”, precisó.
Recordó, asimismo, la intervención de Soria en un caso de violación en el que intentó impedir la realización de un aborto no punible a una adolescente víctima de violación y denunció que “es una justicia que iatrogénica y patriarcal, cuando debe ser reparadora”.
La Defensora recordó una causa iniciada por AFIP en 2013 contra Soria por haber autorizado el ingreso de cerca de 100 camiones desde Bolivia con toneladas de harina. Sin embargo, remarcó que “la Justicia no hizo nada al respecto”.
Igualmente, denunció que nunca se investigó la actuación de Zunino en un caso de violencia de género en Tartagal que terminó con el femicidio de Romelia Milagro Pistone. “Tenemos una justicia que tiene que dejar de proteger a los miembros de la corporación político judicial y empezar a mirar a la sociedad de frente y proteger a los ciudadanos”, sostuvo haciendo alusión a casos como el del juez Federico Diez y el fiscal Francisco Snopek, ambos denunciados por violencia de género.
“No admiten que quienes han sido designados jueces sean juzgados, y esto tiene que cambiar. Comprendí en la distancia las palabras del juez Soria, porque no pertenezco a la corporación judicial”, cerró.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.