
La medida deroga un artículo que permitía a las empresas quedarse con la diferencia de los aportes. Beneficiará a 1.800.000 personas.
A su juicio, tiene por objeto “esquilmar a los ciudadanos”, al tiempo que es la representación de que “la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos”.
Argentina16/09/2022Previsiblemente, José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se manifestó decidido en contra de la ley de Consenso Fiscal. Lo planteó de entrada al señalar que “sancionar esto y el Día Nacional del Queso Mantecoso es más o menos lo mismo”, referenció el sitio El Parlamentario.
El legislador liberal justificó su postura en que “no hay ninguna penalidad en la medida que el acuerdo no se cumpla”. En ese sentido recordó que “en la política nos hablamos a nosotros mismos y no a los ciudadanos. ¿Cuál es la relevancia de firmar algo que no tiene ninguna penalidad?”, insistió.
“En los hechos, hay una suerte de cartelización fiscal, más que de Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, para esquilmar a los ciudadanos, porque si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos, que en el caso del impuesto a sellos va más allá, y va más allá todavía en el caso del impuesto a la herencia”, sostuvo.
Agregó Espert que “según el Consenso Fiscal, hay seis actividades que en el 2022, a partir del Consenso Fiscal de 2017, iban a estar exentas; sin embargo, a partir de este nuevo Consenso Fiscal dejan de estar exentas. Y no solo eso, sino que pasan a tener alícuotas superiores a las de 2019: electricidad, gas, agua, comunicaciones, agricultura, industrias manufactureras, etcétera”.
Para el diputado liberal, “la montaña de retenciones y percepciones hacen de Ingresos Brutos un impuesto confiscatorio”, al punto tal que “hay empresas en algunas provincias que tienen hasta 800 meses de retenciones y percepciones realizadas por las direcciones provinciales de Rentas, o sea que no van a tener necesidad de facturar por 66 años para cobrarse el crédito que tienen contra las direcciones provinciales de Rentas”.
Al impuesto de sellos lo definió como “un impuesto medieval que no debería existir”, y advirtió además que el Consenso Fiscal pretende exportar el impuesto a la herencia al resto de las provincias.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
Espert concluyó afirmando que “Argentina tiene futuro, pero ese futuro está ceñido al respeto de la Constitución”.
La medida deroga un artículo que permitía a las empresas quedarse con la diferencia de los aportes. Beneficiará a 1.800.000 personas.
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