El presidente, en una más de sus desafortunadas declaraciones, que llevó en este caso que hasta la propia Hebe de BonafinI manifestara su deseo de que no hable más, destinadas siempre a tratar infructuosamente a ganar algo de estima de parte de Cristina, no tuvo mejor ocurrencia, que expresar que esperaba que al fiscal Luciani, no se le ocurriera suicidarse igual que al fiscal Nisman, lo cual sin ninguna duda, constituyó una velada amenaza.
Opinión30/08/2022 Jorge Folloni
Pero el inefable Alberto, afirmó temerariamente que Nisman se suicidó, ignorando que en el año 2017, el juez resolvió, en fallo confirmado por la Cámara Federal, y basado en el exhaustivo peritaje realizado por Gendarmería Nacional, que sin lugar a dudas, se trató de un homicidio.
Más aún Fernández, en un artículo que él publicara en el diario La Nación el 20 de abril de 2015, afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner, trataba ocultar el asesinato de un fiscal que había denunciado el objetivo real del inexplicable pacto firmado entre los gobiernos argentino e iraní.
Es que el profesor Alberto, no tiene ningún escrúpulo en decir de un día para otro, las cosas más contradictorias, en su afán desmesurado de satisfacer, según la oportunidad, al oyente de turno.
Se inmiscuyó además, en opinar y criticar asuntos propios de la justicia, sin reparar que no es un ciudadano común, sino que ocupa el cargo de primer magistrado, pese a que el artículo 109 de la Constitución Nacional, dispone que en ningún caso, el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes, tal como precisamente hizo en este caso.
El día anterior Cristina, en su ofuscada perorata de hora y media, llegó al extremo de incriminar implícitamente a su difunto esposo Néstor en un acto de corrupción, al afirmar que el dueño de Clarín Héctor Magneto, había visitado en varias ocasiones al entonces presidente en Olivos, para terminar acordando que se le permitiera la fusión con Cablevisión, operación que según ella, fue de un monto superior a todo lo que implicó la obra pública en Santa Cruz.
Además, aunque como abogada exitosa debía saber que procesalmente ya no correspondía, pidió ampliar su indagatoria, con el solo propósito de victimizarse, aduciendo que le prohibían defenderse.
Cuando tuvo esa oportunidad, la desaprovechó, limitándose a agredir verbalmente a los jueces y diciéndoles que ella no iba a contestar ninguna pregunta, sino eran ellos los que debían responder.
Por su parte, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y ahora asesor de Cristina, Eugenio Zaffaroni, dijo que ante una posible condena que recayera, la única salida posible, es un indulto presidencial. Pero ocurre que el indulto, si bien borra la pena, de ningún modo implica declarar la inocencia del imputado, cosa que la propia Cristina no admitiría.
Según interpretan diversos constitucionalistas y diversos fallos judiciales, los delitos de corrupción no pueden ser indultados, ya que el artículo treinta y seis de la Constitución Nacional, los equipara al delito de traición a la patria.
Esta compleja situación en la cual se encuentra inmersa Cristina, no deriva solo del juicio actual denominado caso Vialidad, sino que también proviene de la causa Hotesur, referida a lo que ocurría en los hoteles de propiedad de los Kirchner, cuyas habitaciones, eran en su totalidad arrendadas y jamás ocupadas por Lázaro Báez, y asimismo, de la causa conocida como la de los cuadernos, en los cuales el chofer Centeno, apuntaba detalladamente todos los numerosos viajes que debió hacer llevando bolsos repletos de dólares.
Todo esto provoca que Cristina, se sienta en un laberinto judicial de imposible salida por vías normales, ante el copioso cúmulo de pruebas reunidas en su contra, por lo cual busca por una parte victimizarse colocándose en el papel de líder popular perseguida y por la otra, forzar a que el resto de la dirigencia peronista, aún la más moderada y ortodoxa, se sienta parte y, con ello, generar multitudinarias y revoltosas manifestaciones en su apoyo, capaces de provocar el amedrentamiento de jueces y fiscales y de persuadir a la mayor parte de la ciudadanía, de la conveniencia, en pos de la paz social, de aceptar cualquier solución.
El grave riesgo, es que progresivamente, aumente el nivel de violencia de estas manifestaciones, ocasionando la ruptura de la paz social y termine ocasionando la tragedia de alguna desgracia personal, que puede transformarse en la chispa que encienda la hoguera de un estallido de imprevisibles consecuencias.
Es imposible ocultar una verdad obvia; de allí que la sabiduría popular asegura que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno de la Provincia ya no puede ocultar severas dificultades financieras que están en el origen de crecientes problemas de gestión.
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La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
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