
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Así lo anunció el ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Acusó al gobierno nacional de anteponer impedimentos administrativos que en realidad ocultan cuestiones ideológicas
Argentina16/08/2022El ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, adelantó que el gobierno porteño recurrirá a la Justicia para que destrabe el ingreso al país de las pistolas Taser, cuya licitación y compra ya habían sido autorizadas por el gobierno nacional.
“No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativas y si no tenemos respuesta esta semana, vamos a ir a la vía judicial”, adelantó el funcionario porteño al ser entrevistado en América. Además, denunció que el ingreso de las Taser “se mantiene frenado por una cuestión ideológica”.
Desde el gobierno porteño explicaron que en marzo de 2019 se aprobó mediante el llamado a Licitación Pública la adquisición de dispositivos de control electrónico con destino a la Policía de la Ciudad, y que en diciembre de 2020 se aprobó mediante la Resolución Nro. 2020-275-GCABA-SSGA la adjudicación dicha adquisición a la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (C.U.I.T: 30- 59722829-1), responsable por el ingreso de los materiales y la certificación de instructores.
Ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la ANMAC y en marzo de 2021 se remitió información complementaria solicitada por el organismo.
El problema se produjo en mayo de 2021, cuando el organismo aprobó la adquisición de 60 armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca TASER, modeloX2. “A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización”, se quejó D’Alessandro en relación a la salida de Ramiro Urristi.
Por eso, hoy en día, esa solicitud se encuentra pendiente de resolución en el organismo. En ese sentido, D’Alessandro culpó al Gobierno por poner trabas en el procedimiento de ingreso: “Aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa”.
“Nos dicen ‘no estamos de acuerdo en la utilización de las armas, entonces no te permito que las ingreses’. Es lamentable, pero es así”, agregó el ministro de Horacio Rodríguez Larreta.
Y concluyó: “La seguridad no puede tener ideología. Hubo un montón de episodios donde no solo tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los policías, también le salvás la vida al que está en estado alterado”.
Las armas Taser tienen la particularidad de que en lugares donde hay mucho público puede ser una herramienta adicional para la policía, que tiene que estar capacitada para su uso.
El incidente ocurrido con el cantante Chano Charpentier, que perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas tras recibir un disparo por parte de la policía durante un brote psicótico, destacó -incluso- una grieta entre distintos funcionarios nacionales.
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue uno de los primeros en apoyar su uso: “Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido. Atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer: lo neutralizó. Está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado y es necesario dar esta discusión”.
En diciembre de 2019 la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser. La funcionaria ordenó que se elabore un protocolo que “regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica”.
Infobae
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
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