Uno de los jueces planteó expresamente la necesidad de profundizar la investigación sobre la cadena de mando, es decir, quiénes habilitaron o hicieron posible el accionar que terminó con Grillo gravemente herido.
Argentina26/12/2025
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Héctor Jesús Guerrero, el cabo primero de la Gendarmería Nacional, acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha en defensa de los jubilados realizada el 12 de marzo pasado en las inmediaciones del Congreso.
Los camaristas ratificaron la acusación por lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos delitos agravados por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.
Por su parte, el camarista Roberto Boico planteó la necesidad de profundizar la investigación para determinar eventuales responsabilidades de las autoridades que intervinieron en el operativo, en especial en lo referido a la cadena de mando.
Según la resolución, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases, de manera “prácticamente horizontal” y en dirección a los manifestantes, entre las 17 y las 17:22.
Uno de esos disparos impactó directamente en Grillo, quien sufrió fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales, lesiones que, de acuerdo con el Cuerpo Médico Forense, “pusieron en riesgo su vida”.
El fallo remarcó que las imágenes incorporadas a la causa, junto con peritajes y reconstrucciones técnicas, muestran que el disparo que hirió al fotógrafo fue realizado “en forma directa –horizontal– hacia el conjunto de personas que se encontraban frente al cordón policial”, una modalidad que los jueces consideraron antirreglamentaria y altamente peligrosa.
En ese sentido, el tribunal citó los manuales de uso del arma y estándares internacionales, que establecen que “nunca deben dispararse cartuchos de gas lacrimógeno directamente hacia una persona”, ya que su impacto puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
El magistrado federal Adrián González Charvay consideró que la demora podría causar un daño irreparable al colectivo de personas afectadas y habilitó la instancia para darle continuidad al expediente.
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