El Senado de Salta aprobó por unanimidad, un pedido de informes sobre la situación del galpón ferroviario de Coronel Moldes, sobre el que pesa una denuncia por usurpación en la que está acusada la exintendenta Rita Carreras.
Política 10/08/2022
La requisitoria está dirigida al ministro de Infraestructura, Sergio Camacho y se consulta sobre si el Poder Ejecutivo provincial posee o administra bajo algún título, las instalaciones del ferrocarril en el municipio de Coronel Moldes, del mismo modo, si existe algún contrato comodato o figura similar sobre esas instalaciones y en favor de la Fundación Maros.
La autoría de la iniciativa corresponde al senador y al diputado del Departamento La Viña, Jorge Soto y Esteban Amat, respectivamente.
Durante el tratamiento, el senador Soto, indicó que la solicitud está basada en una “lamentable situación” vivida el pasado viernes y comentó que la misma “produce preocupación, indignación y tristeza porque tiene como protagonista a una concejal (Rita Carreras) y a dos representantes de la Provincia como Sergio Leavy y Emiliano Estrada”.
Indicó que Carreras, en su carácter de presidenta de la Fundación mencionada, solicitó al municipio la entrega de las llaves del galpón ferroviario, ya que contaba con un supuesto comodato para poder utilizar el mismo, pero el documento era apócrifo y la firma del funcionario de Trenes Argentinos, habría sido falsificada.
Además, Soto dijo que los legisladores nacionales del Frente de Todos, participaron de un acto junto a Carreras el pasado viernes y que el galpón “estaba cerrado con candados los cuales fueron violentados y destruidos pese a la presencia policial en el lugar”.
‘DE INGENUOS NO TIENEN NADA’
“Quiero creer que no hubo mala fe en estos funcionarios nacionales, tampoco quiero pensar que son ingenuos porque de ingenuos no tienen nada pero mínimamente actuaron irresponsablemente al no haber advertido si esta documentación era verdadera o falaz”, dijo Soto en referencia a los legisladores nacionales y a los papeles expuestos por Carreras.
Se trata de un empréstito de 40.000 millones de pesos que la Provincia solicitará al Banco Macro. La necesidad de tomar esta deuda – se explicó – es enfrentar el pago de títulos del Fondo del Bicentenario y para la cancelación de las cuotas de capital de los préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
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