Con motivo de robos o hurtos que se han producido en zonas rurales en el Valle de Lerma, un grupo de productores agrícolas manifestó que ante la falta de seguridad y los repetidos robos a sus bienes consideran la posibilidad de armarse en defensa de lo propio.
Opinión22/06/2022 Guillermo Martinelli
La postura de los finqueros fue controvertida por el Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia que anticipó refuerzos policiales en ese lugar. Hasta allí la expresión de un sector de la sociedad y del gobierno, que por cierto no es algo que pueda considerarse nimio ni menos intrascendente. Es una seria alarma que no se debe dejar pasar. Cuando parte de la sociedad se considera abandonada a su suerte por ausencia de seguridad y confía en sí misma para revertir la crisis está poniendo en tela de juicio el monopolio por parte del estado en materia de seguridad y represión del delito. El estado rápidamente tiene que revertir la intención de los particulares y lograr restablecer la seguridad, lo que es competencia de los integrantes de su administración.
A ese serio planteo se le suma algo inesperado y contradictorio por parte del Senador por el Departamento de Chicoana quien manifestó haber sido víctima de sustracciones anteriores y aseguró que no se trata de ampliar las cárceles pero que algo mal anda en la Justicia, ya que los detenidos entran y salen de sus detenciones en forma inmediata.
Que un legislador de la provincia diga lo que dijo encierra una contradicción o deja a todos los imputados encerrados en las cárceles, por lo que tendrían que ampliarse las cárceles a un número indeterminado o los jueces cumplen con la ley y proceden como proceden en la actualidad, es decir cumpliendo con los procedimientos penales dispuestos por el código dictado por la legislatura local.
Si el Senador entiende que la justicia anda mal tendría que explicar en qué consiste la falla, ¿Será que los Fiscales o Jueces no son competentes? Entonces tendrá que hacer las denuncias para que Superintendencia del Poder Judicial investigue y sancione al incompetente o denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia al magistrado o funcionario para que lo destituyan. Pero si la falla la considera en el código local, él como legislador debe proponer la reforma legislativa pertinente para enmendar el procedimiento que considera que no anda bien.
Lo que el legislador que está en un cargo político podría decir si lo sabe, es qué remedio puede aportar desde su sitial para eliminar o al menos mermar la desocupación, que es muy alta en nuestra provincia.Quizá podría aportar algún mecanismo legal para contener a tantos jóvenes y no tan jóvenes que se inclinan al delito por carencias civiles lícitas para la supervivencia. Quizá podría desde su cargo encontrar mecanismos de seguridad que garanticen a los agricultores y ganaderos la tranquilidad de sus labores y la integralidad de sus bienes.
Decir sin mayor explicación ni fundamentación que es un problema judicial no da a los productores ningún aporte benéfico para sus padecimientos. Por el contrario, suma a la sociedad el descreimiento en el Estado que justamente compone como administrador en una relevante función.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.