¿Culpa de la justicia?

Opinion 22 de junio de 2022 Por Guillermo Martinelli
Con motivo de robos o hurtos que se han producido en zonas rurales en el Valle de Lerma, un grupo de productores agrícolas manifestó que ante la falta de seguridad y los repetidos robos a sus bienes consideran la posibilidad de armarse en defensa de lo propio.
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La postura de los finqueros fue controvertida por el Ministro de  Seguridad y Justicia de la Provincia que anticipó refuerzos policiales en ese lugar. Hasta allí la expresión de un sector de la sociedad y del gobierno, que por cierto no es algo que pueda considerarse nimio ni menos intrascendente. Es una seria alarma que no se debe dejar pasar. Cuando parte de la sociedad se considera abandonada a su suerte por ausencia de seguridad y confía en sí misma para revertir la crisis está poniendo en tela de juicio el monopolio por parte del estado en materia de seguridad y represión del delito. El estado rápidamente tiene que revertir la intención de los particulares y lograr restablecer la seguridad, lo que es competencia de los integrantes de su administración.

A ese serio planteo se le suma algo inesperado y contradictorio por parte del Senador por el Departamento de Chicoana quien manifestó haber sido víctima de sustracciones anteriores y aseguró que no se trata de ampliar las cárceles pero que algo mal anda en la Justicia, ya que los detenidos entran y salen de sus detenciones en forma inmediata.

Que un legislador de la provincia diga lo que dijo encierra una contradicción  o deja a todos los imputados encerrados en las cárceles, por lo que tendrían que ampliarse las cárceles a un número indeterminado  o los jueces cumplen con la ley y proceden como proceden en la actualidad, es decir cumpliendo con los procedimientos penales dispuestos por el código dictado por la legislatura local.

Si el Senador entiende que la justicia anda mal tendría que explicar en qué consiste la falla, ¿Será que los Fiscales o Jueces no son competentes? Entonces tendrá que hacer las denuncias para que  Superintendencia del Poder Judicial investigue y sancione al incompetente o denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia al magistrado o funcionario para que lo destituyan. Pero si la falla la considera en el código local, él como legislador debe proponer la reforma legislativa pertinente para enmendar  el procedimiento que considera que no anda bien.

Lo que el legislador que está en un cargo político podría decir si lo sabe, es qué remedio puede aportar desde su sitial para eliminar o al menos mermar la desocupación, que es muy alta en nuestra provincia.Quizá podría aportar algún mecanismo legal para contener a tantos jóvenes y no tan jóvenes que se inclinan al delito por carencias civiles lícitas para la supervivencia. Quizá podría desde su cargo encontrar mecanismos de seguridad que garanticen a los agricultores y ganaderos la tranquilidad de sus labores y la integralidad de sus bienes. 

Decir sin mayor explicación ni fundamentación que es un problema judicial no da a los productores ningún aporte benéfico para sus padecimientos. Por el contrario, suma a la sociedad el descreimiento en el Estado que justamente compone como administrador en una relevante función.

 

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