Por Aries, el abogado Rodrigo Solá, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, recordó que el organismo fue creado por ley en 2017 y sus integrantes concursaron en 2019, aunque fue puesto en marcha en febrero de este año.

Indicó que su función consiste en monitorear todos los espacios de detención, cárceles y comisarías, realizando visitas o por denuncias que les llegan. A partir de ello, presentan informes descriptivos y analíticos, con recomendaciones a los distintos poderes y un seguimiento de dichas recomendaciones.

Además, remarcó que “la dignidad como persona se tiene que mantener”, por lo que es necesario garantizar las condiciones de detención necesarias que permitan luego su reinserción social. En este punto, se refirió a una sobrepoblación del 40% en Alcaidía, cuya capacidad es de 350, pero “no baja de las 800”.

Respecto a las denuncias por torturas en la comisaría 42 de Tartagal, indicó que tomaron intervención a requerimiento de la justicia. “Hicimos una evaluación y descubrimos muchísimas vulneraciones de derechos”, aseveró precisando que hay unas 56 personas alojadas, la mayoría de forma permanente algunas, incluso, desde hace más de dos años.

“Estuvimos dos días. Realizamos un relevamiento, constatamos que no había baños, limitado el régimen de visitas, alimentación”, describió Solá en Pasaron Cosas haciendo hincapié en el hecho de que esta situación restringe el acceso a la educación, a la salud, y a un régimen progresivo en la ejecución de las penas.

Recordó que, si bien “el primer día hubo incidentes”, el segundo día recibieron denuncias y regresaron a la comisaría. “Nos presentamos, nos demoraron casi dos horas el ingreso y eso está prohibido. Nos presentamos sin previo aviso para que no se modifiquen las condiciones”, relató el abogado.

En dicha oportunidad constataron que se realizaba una requisa. “Había personas golpeadas, estaban todos íntegramente mojados, desnudos, los colchones mojados, las pertenencias rotas, sin posibilidad de un cambio de ropa. Al día siguiente sí les permitieron, pero porque intervenimos”, aseveró sobre el escenario que presenciaron.

Dos semanas más tarde, se produjeron los hechos de mayor gravedad que dieron lugar, finalmente, a la intervención judicial en la que se solicitó la detención de 10 efectivos, entre personal de la comisaría y de Infantería.

Frente a este panorama, el abogado consideró que la declaración de la emergencia carcelaria “puede ser una herramienta importante si va a permitir conseguir recursos”, y remarcó: “Si es solo declamativa, no vamos a acompañar”.

Destacó los encuentros mantenidos con efectores de justicia y representantes de los diferentes poderes para armar un equipo de trabajo. “Lo que hay que conseguir es que se alivie el sistema penitenciario”, dijo señalando que “hay personas que han cumplido condenas y están todavía presas, hay personas que tienen más de 70 años y están detenidas”.

Asimismo, subrayó que desde el Comité se brindan recomendaciones para que se trabaje incorporando perspectiva de género e intercultural, evitando que se sostengan casos como el de una mujer wichí, con seis hijos, que se encuentra detenida por microtráfico. “Las soluciones se tienen que dar interpoderes, y es necesario hacer una autocrítica”, cerró.