Desde fines del año pasado a estos días el Consejo de la Magistratura de la Nación creado en la reforma constitucional de 1994, estuvo en el ojo de la tormenta principalmente por los políticos y por pequeños sectores ideológicamente vinculados al conservadurismo.
Opinión27/04/2022 Guillermo Martinelli
Como reglamentación legal del Consejo se dictó la ley 24957 sancionada en diciembre de 1997, en la que se estableció entre otros conceptos la composición del cuerpo que se fijó en 19 miembros, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ejercería a su vez, la presidencia del Consejo.
En febrero de 2006 el Congreso Nacional sancionó una serie de modificaciones a la ley antes citada, entre ellas la composición del cuerpo integrado con trece miembros, rebajando el número de jueces y legisladores y suprimiendo el del presidente de la Corte. Se dispuso que el presidente del Consejo fuera elegido entre los integrantes de ese cuerpo.
El Colegio de Abogados de Buenos Aires, el que no se debe confundir con el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, organismo paraestatal que tiene entre sus funciones la policía de la matricula de los abogados y es creado por ley, inició una acción de conocimiento en el Poder Judicial de la Nación, el que se tomó su tiempo para resolver la causa, sentenciando el 16 de diciembre de 2021 con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto artículos que tuvieron una vigencia de dieciséis años y a la vez restableció lo que el Congreso Nacional había modificado.
Acá es preciso señalar que el Colegio de Abogados de Buenos Aires, repito no el Colegio Público, es una asociación civil en la que se encolumnan abogados de la vieja estirpe conservadora de la CABA, sin ninguna función social y comunitaria, compuesta por un reducido número de miembros que responden a una ideología claramente no popular.
La Corte falló en una causa donde se benefició directamente y dispuso que su presidente sea el presidente del Consejo en una muestra de juzgamiento en causa propia, lo que no le está permitido a la magistratura.
La Corte en ese fallo del 16 de diciembre del año pasado compele al Poder Legislativo para que dicte una ley en el plazo de ciento veinte días bajo el apercibimiento de restablecer los conceptos derogados de la ley de 1997.
El Congreso Nacional tiene sesiones ordinarias fijadas por la Constitución Nacional dese el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, es decir que obliga a dictar una ley cuando el Congreso está en receso.
Claramente hay por parte de la Corte una inapropiada orden y plazo a ese poder del Estado, sabiéndose de antemano que no podría cumplirse en el limitadísimo tiempo establecido. La Cámara de Senadores dio media sanción y hoy el tratamiento está en la Cámara de Diputados. Darle al poder político una orden del tipo de la dada es para que se llegue a esta situación de real obstrucción de otro poder del Estado. Nada es fruto de la casualidad, al contrario todo está plenamente calculado y resuelto.
Nos encontramos lamentablemente ante un conflicto de poderes y no es fácil ni transitarlo y menos salir de él sin daño a la confianza pública.
Sobre el cierre del período ordinario de sesiones del Congreso, los gobernadores han consolidado su papel de árbitros en la puja entre el oficialismo y la oposición. Su intervención ha logrado que el recinto permanezca cerrado hasta que en sesiones extraordinarias avance el proyecto de presupuesto 2026.
Es una cuestión de estilo la que llevó a que el presidente Javier Milei calificara al último fin de semana largo como el más exitoso de la historia y está a punto de establecer otro similar para el primer feriado de diciembre. Sin embargo, hay sectores que reconocen que pudo haber sido mejor.
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
Se cumplió este lunes un trámite esencial para el funcionamiento institucional de la democracia salteña. Senadores y diputados electos en mayo pasado fueron incorporados a sus respectivas cámaras, previo juramento requerido por el presidente de la sesión convocada para ese fin.
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
Neuquén y Santa Cruz se sumarán al convenio al que ya había adherido Chubut para que el crudo convencional no pague derechos de exportación desde 2026.