Desde fines del año pasado a estos días el Consejo de la Magistratura de la Nación creado en la reforma constitucional de 1994, estuvo en el ojo de la tormenta principalmente por los políticos y por pequeños sectores ideológicamente vinculados al conservadurismo.
Opinión27/04/2022 Guillermo Martinelli
Como reglamentación legal del Consejo se dictó la ley 24957 sancionada en diciembre de 1997, en la que se estableció entre otros conceptos la composición del cuerpo que se fijó en 19 miembros, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ejercería a su vez, la presidencia del Consejo.
En febrero de 2006 el Congreso Nacional sancionó una serie de modificaciones a la ley antes citada, entre ellas la composición del cuerpo integrado con trece miembros, rebajando el número de jueces y legisladores y suprimiendo el del presidente de la Corte. Se dispuso que el presidente del Consejo fuera elegido entre los integrantes de ese cuerpo.
El Colegio de Abogados de Buenos Aires, el que no se debe confundir con el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, organismo paraestatal que tiene entre sus funciones la policía de la matricula de los abogados y es creado por ley, inició una acción de conocimiento en el Poder Judicial de la Nación, el que se tomó su tiempo para resolver la causa, sentenciando el 16 de diciembre de 2021 con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto artículos que tuvieron una vigencia de dieciséis años y a la vez restableció lo que el Congreso Nacional había modificado.
Acá es preciso señalar que el Colegio de Abogados de Buenos Aires, repito no el Colegio Público, es una asociación civil en la que se encolumnan abogados de la vieja estirpe conservadora de la CABA, sin ninguna función social y comunitaria, compuesta por un reducido número de miembros que responden a una ideología claramente no popular.
La Corte falló en una causa donde se benefició directamente y dispuso que su presidente sea el presidente del Consejo en una muestra de juzgamiento en causa propia, lo que no le está permitido a la magistratura.
La Corte en ese fallo del 16 de diciembre del año pasado compele al Poder Legislativo para que dicte una ley en el plazo de ciento veinte días bajo el apercibimiento de restablecer los conceptos derogados de la ley de 1997.
El Congreso Nacional tiene sesiones ordinarias fijadas por la Constitución Nacional dese el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, es decir que obliga a dictar una ley cuando el Congreso está en receso.
Claramente hay por parte de la Corte una inapropiada orden y plazo a ese poder del Estado, sabiéndose de antemano que no podría cumplirse en el limitadísimo tiempo establecido. La Cámara de Senadores dio media sanción y hoy el tratamiento está en la Cámara de Diputados. Darle al poder político una orden del tipo de la dada es para que se llegue a esta situación de real obstrucción de otro poder del Estado. Nada es fruto de la casualidad, al contrario todo está plenamente calculado y resuelto.
Nos encontramos lamentablemente ante un conflicto de poderes y no es fácil ni transitarlo y menos salir de él sin daño a la confianza pública.
Comenzó a transitarse la recta final de una campaña electoral que los analistas calificaron como rara. Esta elección de medio tiempo va a plebiscitar la política económica del Gobierno nacional y ello puso en el escenario a otros protagonistas, que no tienen dos semanas para atender sino dos años para resolver los problemas pendientes de su administración.
Antes que dar mi opinión sobre el inédito rescate ofrecido al gobierno de Milei por el de su par norteamericano, Donald Trump, creo que puede resultar mucho más útil referirme a las reflexiones del premio Nobel de economía, el estadounidense Paul Krugman acerca del accionar de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, que han tenido enorme repercusión en los diferentes medios gráficos nacionales que comparto.
El penúltimo fin de semana largo del año puede servir para acomodar muchas piezas que la dinámica política ha desacomodado en los últimos días. La economía volvió a recuperar la centralidad que por un momento ocupó la Justicia, cuya intervención sacó del juego a protagonistas excluyentes del tiempo electoral en marcha. Estos movimientos han configurado un nuevo panorama.
Insisten los intendentes en plantear la preocupación por la caída de la coparticipación municipal, que se corresponde con los menores giros de recursos nacionales a la Provincia. Algunas soluciones que venían planteando los gobernadores han quedado frustradas en el Congreso.
El exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero sorprendió al expresar su apoyo al frente Primero los Salteños, que lidera Gustavo Sáenz.
Las vicisitudes de la campaña electoral, que mantienen activo al Congreso, no han frenado el análisis del proyecto de presupuesto nacional. En distintas comisiones se tratan aspectos de la iniciativa girada por el Ejecutivo, con la participación de sectores involucrados. La modificación al Régimen de Zonas Frías fue tema de la última reunión de Defensa del Consumidor porque hay reparos.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.