Desde fines del año pasado a estos días el Consejo de la Magistratura de la Nación creado en la reforma constitucional de 1994, estuvo en el ojo de la tormenta principalmente por los políticos y por pequeños sectores ideológicamente vinculados al conservadurismo.
Opinión27/04/2022 Guillermo Martinelli
Como reglamentación legal del Consejo se dictó la ley 24957 sancionada en diciembre de 1997, en la que se estableció entre otros conceptos la composición del cuerpo que se fijó en 19 miembros, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ejercería a su vez, la presidencia del Consejo.
En febrero de 2006 el Congreso Nacional sancionó una serie de modificaciones a la ley antes citada, entre ellas la composición del cuerpo integrado con trece miembros, rebajando el número de jueces y legisladores y suprimiendo el del presidente de la Corte. Se dispuso que el presidente del Consejo fuera elegido entre los integrantes de ese cuerpo.
El Colegio de Abogados de Buenos Aires, el que no se debe confundir con el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, organismo paraestatal que tiene entre sus funciones la policía de la matricula de los abogados y es creado por ley, inició una acción de conocimiento en el Poder Judicial de la Nación, el que se tomó su tiempo para resolver la causa, sentenciando el 16 de diciembre de 2021 con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto artículos que tuvieron una vigencia de dieciséis años y a la vez restableció lo que el Congreso Nacional había modificado.
Acá es preciso señalar que el Colegio de Abogados de Buenos Aires, repito no el Colegio Público, es una asociación civil en la que se encolumnan abogados de la vieja estirpe conservadora de la CABA, sin ninguna función social y comunitaria, compuesta por un reducido número de miembros que responden a una ideología claramente no popular.
La Corte falló en una causa donde se benefició directamente y dispuso que su presidente sea el presidente del Consejo en una muestra de juzgamiento en causa propia, lo que no le está permitido a la magistratura.
La Corte en ese fallo del 16 de diciembre del año pasado compele al Poder Legislativo para que dicte una ley en el plazo de ciento veinte días bajo el apercibimiento de restablecer los conceptos derogados de la ley de 1997.
El Congreso Nacional tiene sesiones ordinarias fijadas por la Constitución Nacional dese el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, es decir que obliga a dictar una ley cuando el Congreso está en receso.
Claramente hay por parte de la Corte una inapropiada orden y plazo a ese poder del Estado, sabiéndose de antemano que no podría cumplirse en el limitadísimo tiempo establecido. La Cámara de Senadores dio media sanción y hoy el tratamiento está en la Cámara de Diputados. Darle al poder político una orden del tipo de la dada es para que se llegue a esta situación de real obstrucción de otro poder del Estado. Nada es fruto de la casualidad, al contrario todo está plenamente calculado y resuelto.
Nos encontramos lamentablemente ante un conflicto de poderes y no es fácil ni transitarlo y menos salir de él sin daño a la confianza pública.
Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones.
El apartado más controvertido del Presupuesto fue aprobado con apoyo de aliados del oficialismo. Incluye cambios en el financiamiento universitario y elimina porcentajes mínimos de inversión en educación y ciencia.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas de variada intensidad para gran parte de la provincia. Se esperan lluvias intensas, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.