Desde fines del año pasado a estos días el Consejo de la Magistratura de la Nación creado en la reforma constitucional de 1994, estuvo en el ojo de la tormenta principalmente por los políticos y por pequeños sectores ideológicamente vinculados al conservadurismo.
Opinión27/04/2022 Guillermo Martinelli
Como reglamentación legal del Consejo se dictó la ley 24957 sancionada en diciembre de 1997, en la que se estableció entre otros conceptos la composición del cuerpo que se fijó en 19 miembros, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ejercería a su vez, la presidencia del Consejo.
En febrero de 2006 el Congreso Nacional sancionó una serie de modificaciones a la ley antes citada, entre ellas la composición del cuerpo integrado con trece miembros, rebajando el número de jueces y legisladores y suprimiendo el del presidente de la Corte. Se dispuso que el presidente del Consejo fuera elegido entre los integrantes de ese cuerpo.
El Colegio de Abogados de Buenos Aires, el que no se debe confundir con el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, organismo paraestatal que tiene entre sus funciones la policía de la matricula de los abogados y es creado por ley, inició una acción de conocimiento en el Poder Judicial de la Nación, el que se tomó su tiempo para resolver la causa, sentenciando el 16 de diciembre de 2021 con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto artículos que tuvieron una vigencia de dieciséis años y a la vez restableció lo que el Congreso Nacional había modificado.
Acá es preciso señalar que el Colegio de Abogados de Buenos Aires, repito no el Colegio Público, es una asociación civil en la que se encolumnan abogados de la vieja estirpe conservadora de la CABA, sin ninguna función social y comunitaria, compuesta por un reducido número de miembros que responden a una ideología claramente no popular.
La Corte falló en una causa donde se benefició directamente y dispuso que su presidente sea el presidente del Consejo en una muestra de juzgamiento en causa propia, lo que no le está permitido a la magistratura.
La Corte en ese fallo del 16 de diciembre del año pasado compele al Poder Legislativo para que dicte una ley en el plazo de ciento veinte días bajo el apercibimiento de restablecer los conceptos derogados de la ley de 1997.
El Congreso Nacional tiene sesiones ordinarias fijadas por la Constitución Nacional dese el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, es decir que obliga a dictar una ley cuando el Congreso está en receso.
Claramente hay por parte de la Corte una inapropiada orden y plazo a ese poder del Estado, sabiéndose de antemano que no podría cumplirse en el limitadísimo tiempo establecido. La Cámara de Senadores dio media sanción y hoy el tratamiento está en la Cámara de Diputados. Darle al poder político una orden del tipo de la dada es para que se llegue a esta situación de real obstrucción de otro poder del Estado. Nada es fruto de la casualidad, al contrario todo está plenamente calculado y resuelto.
Nos encontramos lamentablemente ante un conflicto de poderes y no es fácil ni transitarlo y menos salir de él sin daño a la confianza pública.
La falta de federalismo que caracteriza al sistema institucional argentino ha tenido este martes una nueva manifestación. El Ejecutivo nacional dispuso desregular las cuotas que se pagan en los colegios privados sin advertir que se trata de decisiones que cada provincia asume como responsable de los ciclos de educación obligatoria.
Hay frases que se repiten en la política argentina como los hits del verano. Una de ellas es: “ahora sí, se viene una nueva etapa”. Y ahí es cuando uno se acomoda en la silla, prende el aire —porque siempre hace calor cuando cambian ministros— y piensa: ¿cuántas veces escuchamos esta escena?
La situación financiera y la crisis social son dos frentes sobre los que opera toda la atención del Ejecutivo provincial. El cierre del año impone cuestiones que deben definirse para proyectar un nuevo ejercicio fiscal en un panorama complejo, que obliga a negociaciones en distintos niveles y con diferentes protagonistas.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Comenzó una nueva etapa de gestión institucional en la Argentina y la Provincia está convocada a contribuir en la tarea. Es la forma como se está presentando la construcción del acuerdo político en torno de las reformas estructurales que el gobierno de La Libertad Avanza pretende llevar adelante.
La apertura del último tramo del mandato vigente en los gobiernos nacional, provincial y municipales, no solo ha tentado a algunos sectores a comunicar la pretensión de sus titulares a repetir mandato sino que obliga a fijar prioridades para resolver problemas de larga data. El tratamiento de los presupuestos para el próximo ejercicio fiscal es una buena oportunidad para debatir sobre la cuestión.
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Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Este martes 11 de noviembre se abre el Portal 11/11, una fecha considerada en la espiritualidad y numerología como uno de los días de mayor energía del año.
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.