ESI

Opinion 26 de abril de 2022 Por Natalia Nieto
Tal vez el gerente del Hospital Público Materno Infantil eligió las palabras más impactantes para alertar sobre la imperiosa necesidad de que se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral y advertir que las más de 115 interrupciones de embarazos mensuales que se practican en ese hospital, -a través de IVEs o Iles-, podrían ser muchas menos si las jóvenes supieran cómo evitar los embarazos no deseados.
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Alertó también sobre el exponencial aumento de enfermedades de transmisión sexual -que pueden dejar secuelas permanentes tales como infertilidad-, como otra consecuencia de la falta de ESI.

El gerente del Materno Infantil informó que la mayoría son prácticas IVE, es decir, medicamentosas y no quirúrgicas y consideró que la Ley es incompleta y está mal hecha porque “no está protegiendo a la mujer”, aunque se haya sancionado con ese fin. El cirujano volvió a insistir en la necesidad de trabajar para educar sobre embarazos no deseados, interrupción y enfermedades de transmisión sexual.

Es que sí: todo se puede mejorar, inclusive la comunicación y difusión sobre los derechos de mujeres en establecimientos de salud, públicos y privados.

Pero no se puede soslayar que el debate público y el parlamentario sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo traspasó las fronteras de la política y se introdujo en la vida íntima de millones de argentinos: casi nadie se quedó al margen y casi todos tomaron postura en una discusión sobre la vida, la muerte, el Estado, el género, el sexo y la salud pública.

Hoy, la discusión podría estar enfocada en otros ejes, porque la Ley IVE está vigente. La sociedad debería discutir cómo mejorar la ESI, porque no hay garantías de que el dictado en Salta sea pleno y que todo el alumnado acceda a las herramientas básicas para saber cómo cuidarse, amarse y especialmente, prevenir abusos, entre otras consecuencias que marcarán de por vida a quienes se conviertan en víctimas o puedan evitarlo.

Hasta antes de la sanción de la Ley IVE, se sabía que en Argentina se producían al menos, medio millón de abortos clandestinos al año. Desde 2016 y hasta 2018, habían muerto 43 mujeres en esas condiciones. Y lo más grave de todo, es que la clandestinidad, sigue a la orden del día, según contó anoche Mangione. Hasta se ofrecen atenciones a domicilio! Eso, en materia de salud pública. Pero como dijimos, el funcionario insistió mucho en la educación y admitió que no tiene  problemas en reunirse con el Ministro de Educación, para exponer información sobre la realidad local, que incluye  a niñas-madres de 9 o 10 años.

Como citaba un completo informe de la BBC en 2018, entre los ejes centrales de discusión sobre la Ley IVE y antes de su aprobación, estuvo la religión, y aunque Argentina haya sido de los primeros países en legalizar derechos de corte progresista como el voto femenino y el matrimonio igualitario, eso no significa que la influencia de grupos conservadores sea reducida. Como en todos los países latinoamericanos, la mayoría de los argentinos (70%) se consideran católicos, según varias encuestas, y recientemente ha aumentado la cantidad de adeptos a grupos evangélicos (casi el 10%).

En el norte argentino, se sabe que la influencia política y social de la Iglesia es mayor que en Buenos Aires y otras regiones y claro que una joven que no tuvo ESI, posiblemente desconozca que en lugar de apelar a la clandestinidad, puede ejercer su derecho en un establecimiento sanitario.

Y en el aprovechamiento político de una cuestión de salud pública, aparece el diputado mandato cumplido, Andrés Suriani (con quien he compartido personalmente siempre mis diferencias), que ejerció violencia sobre una profesional del Hospital, no objetora, cuando la expuso en sus redes sociales y la trató de “sicaria”. Después, en su programa, acusó de homicidas a los médicos que realizan las prácticas legales, pero nunca habló sobre las mujeres que mueren en lugares clandestinos o quienes llevan adelante la práctica ilegal (Según el Ministerio de Salud, solo en 2016 hubo 245 muertes maternas en el país, 43 de ellas al interrumpir el embarazo). Es un circuito pernicioso el de la violencia y fogonear el odio en base al desconocimiento de la ley vigente y a posturas ideológicas o políticas, no es ético. 

Cuando el tema se sopese como una verdadera cuestión de salud pública, se entenderá también que aquella declamada articulación de la que hablamos la semana pasada, puede ser muy fructífera si se concreta entre Salud y Educación. Y entonces, el conocimiento se convertirá en herramienta para prevenir y la realidad dejará de desbordarnos con casos de jóvenes que no viven en plenitud y en definitiva, no pueden ejercer sus derechos.

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